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Código Fiscal
Decreto-Ley 6505/80
T.O. Decreto 2093/00

Arts. 129 al 265

     Arts. 1 al 128
Arts. 129 al 265

LIBRO SEGUNDO

INSTRUCCION

TITULO 1

Actos Iniciales

CAPITULO 1

DENUNCIA

Artículo 177º. Facultad. Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que tenga noticia de él, podrá denunciado al Juez de Instrucción, al Agente Fiscal o a la Policía Judicial. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar conforme al Código Penal.

Artículo 178º. Forma. La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por mandatario especial agregándose en este caso el poder. La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la haga, ante el funcionado que la reciba. Cuando sea verbal se labrará un acta de acuerdo con el Capítulo 4, Título VI, del Libro Primero.

Artículo 179º.Contenido. La denuncia deberá contener de un modo claro, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada del hecho, y la indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

Artículo 180º. Obligación de Denunciar. Excepción. Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:
1º) los funcionados o empleados públicos que los conozcan, en el ejercicio de sus funciones;
2º) los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los graves atentados personales que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional.

Artículo 181º. Prohibición de Denunciar. Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, salvo que el delito sea ejecutado en su perjuicio o contra una persona cuyo parentesco con él sea igual o más próximo al que lo liga con el denunciado.

Artículo 182º. Responsabilidad del Denunciante. El denunciante no será parte en el proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna salvo el caso de calumnia o falsedad.

Artículo 183º. Denuncia ante el Juez de Instrucción. El Juez de Instrucción que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al Agente Fiscal y éste, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, formulará requerimiento conforme al artículo 195, o pedirá que sea desestimada o remitida a otra jurisdicción. Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no encuadren en una figura penal, o cuando no se pueda proceder. Si el Fiscal pidiera que la denuncia fuere desestimada o remitida a otra jurisdicción y el Juez no estuviera conforme con ello se procederá como lo dispone el artículo 357.

Artículo 184º. Denuncia ante el Agente Fiscal. Cuando la denuncia sea presentada ante el Agente Fiscal y corresponda instrucción formal, éste formulará inmediatamente requerimiento ante el Juez siempre que con fundamentos serios y precisos no estime necesario tomar las medidas imprescindibles para revisar la verosimilitud de la denuncia. El Juez sólo accederá a tales medidas si compartiere que son pertinentes, útiles y necesarias para ese fin.
(Nota: Texto según Ley 8.326/90 -quedó derogada implícitamente la disposición de aplicación transitoria conforme al art. 3, inc. 1º de la Ley 4843-).

Artículo 185º. Denuncia ante la Policía Judicial. Cuando la denuncia sea hecha ante la Policía Judicial, ésta informará inmediatamente al Juez de Instrucción y Agente Fiscal, y practicará sin demora las diligencias urgentes que sean necesarias.

CAPITULO II

ACTOS DE LA POLICIA JUDICIAL

(Nota: No estando creada la Policía Judicial en Entre Ríos, corresponde a la Policía Administrativa ejercer las funciones de aquélla, conforme le son atribuidas por este Código Procesal Penal).

Artículo 186º. Función. La Policía Judicial deberá investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación. Si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 7.

Artículo 187º. Composición. Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionados y empleados a los cuales la ley acuerda tal carácter. Serán considerados también oficiales de la Policía Judicial los de la Policía Administrativa en cuanto están obligados a cumplir las funciones que este Código establece; y auxiliares, los suboficiales y demás empleados de ella. La Policía Administrativa actuará siempre que no pueda hacerlo la Judicial, y desde que ésta intervenga será su auxiliar, sin perjuicio de las ordenes directas que reciban de los Jueces y Fiscales.

Artículo 188º. Subordinación. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial dependerán del Superior Tribunal y cumplirán sus funciones bajo la dirección y vigilancia del Ministerio Fiscal, debiendo ejecutar también las ordenes de los Jueces y Fiscales. Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa en cuanto cumplan actos de la Policía Judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los Jueces y Fiscales, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que estén sometidos.

Artículo 189º. Atribuciones. Los Oficiales de la Policía Judicial tendrán las siguientes atribuciones:
1º) recibir denuncias;
2º) cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Juez o el Agente Fiscal, según corresponda instrucción formal o citación directa; (Nota: Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Juez -disposición de aplicación transitoria conforme al art. 3 inc. 1 de la Ley 4.843-).
3º) si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica;
4º) practicar los secuestros impostergables de los instrumentos del delito y objetos que puedan servir para la investigación;
5º) proceder a los allanamientos sin orden en los casos autorizados y a las requisas urgentes con arreglo a las normas de la instrucción judicial;
6º) ordenar si fuere indispensable la clausura del local en que suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave o proceder conforme al artículo 281;
7º) interrogar a los testigos;
8º) citar o aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza (art. 281 y ss.), y disponer su incomunicación en las condiciones establecidas por el artículo 212, por un término máximo de doce (12) horas, que no podrá prolongarse sin autorización judicial;
9º) recibir declaración al imputado en la forma y con las garantías que este Código establece (arts. 205, 290, 291, 292, 293 y siguientes). Si tal declaración no fuere ratificada judicialmente, no podrá ser incorporada en su oportunidad al debate (Texto según Ley 8326/90).
10º) usar de la fuerza pública en la medida que sea necesario. Los auxiliares de la Policía Judicial tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan ordenes de Jueces o Fiscales.

Artículo 190º. Secuestro de Correspondencia. Prohibición. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que la remitirán intacta a la autoridad judicial competente. Sin embargo en los casos urgentes podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.

Artículo 191º. Comunicación y Procedimiento. Los oficiales de la Policía Judicial comunicarán inmediatamente al Agente Fiscal los hechos delictuosos que lleguen a su conocimiento, y al Juez de instrucción, los de su competencia. Cuando no intervengan enseguida el Juez o el Fiscal, los Oficiales de la Policía Judicial realizarán una investigación preliminar observando en lo posible, salvo que corresponda citación directa, las normas de la instrucción formal. El sumario de prevención, en el que se hará constar lugar y fecha, en que fue iniciado, las generales de las personas que en él intervienen y las declaraciones recibidas, informes producidos y diligencias practicadas, será remitirlo a la autoridad judicial competente dentro del término de diez (10) días, el que podrá prorrogarse por otro tanto si la investigación, distancias o dificultades insalvables así lo exigieren, de lo que se dejará constancia.
(Nota: Comunicación y Procedimiento.- Los Oficiales de la Policía Judicial comunicarán inmediatamente al Juez de Instrucción los hechos delictuosos que lleguen a su conocimiento. Cuando no intervenga enseguida el Juez, los Oficiales de la Policía Judicial realizarán una investigación preliminar, observando en lo posible, l as normas de instrucción formal. El sumario de prevención, en el que se hará constar el lugar y fecha en que fue iniciado, las generales de las personas que en él intervienen y las declaraciones recibidas, informes producidos y diligencias practicadas, será remitido a la autoridad judicial competente dentro del término de diez (10) días, el que podrá prorrogarse por otro tanto si la investigación, distancias o dificultades insalvables así lo exigieran -disposición de aplicación transitoria conforme lo impuso el art. 4 de la Ley 8326/90, la cual mantuvo la norma transitoria según el art. 3 de la Ley 4843 con la presente redacción).

Artículo 192º. Casos de Citación Directa. Cuando se investigue un delito que dé lugar a citación directa, los Oficiales de la Policía Judicial redactarán un acta en la que harán constar todas las diligencias que practiquen, especificando con la mayor exactitud posible el hecho, las inspecciones, operaciones técnicas y declaraciones recibidas, como asimismo toda circunstancia útil. El acta será firmada, previa lectura, por el Oficial y en lo posible, por las demás personas que hubieren intervenido.
(Nota: Su aplicación total quedó en suspenso en los términos dispuestos por la disposición transitoria del art. 3 inc. 2º de la Ley 4.843).

Artículo 193º. Sanciones. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial que violen disposiciones legales o reglamentadas, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán reprimidos por los Jueces o los Tribunales, de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal y previo informe del interesado.
La sanción que corresponda podrá graduarse entre un apercibimiento, multa de 500 a 5.000 pesos m/n, y arresto hasta de quince (15) días, sin perjuicio de la suspensión, cesantía o exoneración que pueda disponer el Superior Tribunal, y de la responsabilidad penal que pueda corresponder. Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa en cuanto actúen en reemplazo de la Policía Judicial (art. 188, última parte), podrán ser objeto de las mismas sanciones, pero la suspensión, cesantía o exoneración de ellos sólo podrá ser dispuesta por el Poder ejecutivo.

CAPITULO III

ACTOS DEL MINISTERIO FISCAL

Artículo 194º. Instrucción Formal e Información Sumaria. El Agente Fiscal requerirá instrucción formal siempre que tenga conocimiento de un delito por el cual aquélla corresponda, y practicará la información sumaria previa a la citación directa en los casos expresamente establecidos por ley.
Notas: Sólo está en vigencia su actuación en la instrucción formal por la Ley 4843, art. 3, inc. 1º, estando en suspenso el procedimiento de citación directa. - El Agente Fiscal requerirá instrucción formal siempre que tenga conocimiento de un delito de acción pública -disposición ésta de aplicación transitoria, vigente por el art. 3, inc. 1º de la Ley 4843-.

Artículo 195º. Requerimiento Fiscal. El requerimiento de instrucción formal deberá contener:
1º) las generales del imputado o, si se ignorasen, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer;
2ª) la relación circunstanciada del hecho, con indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución;
3º) la indicación de las diligencias útiles a la averiguación de la verdad.

CAPITULO IV

OBSTACULOS FUNDADOS EN PRIVILEGIO CONSTITUCIONAL

Artículo 196º. Desafuero. Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un Legislador, el Tribunal competente practicará una información sumaria que vulnere la inmunidad de aquél. Si existiere mérito para disponer su procesamiento, se solicitará el desafuero a la Cámara Legislativa correspondiente, acompañando copia de las actuaciones y expresando los motivos que lo justifiquen. Si el Legislador hubiese sido detenido de acuerdo con la Constitución Provincial, el Tribunal pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la Cámara Legislativa.

Artículo 197º. Antejuicio. Si se formulare requerimiento fiscal o querella contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento, el Tribunal competente practicará una información sumaria con el mismo alcance prevista en el artículo anterior. Si existe mérito para disponer el procesamiento, se solicitará a la Cámara de Diputados o al Jurado de Enjuiciamiento la promoción del juicio respectivo, acompañándose copia de las actuaciones.

Artículo 198º. Procedimiento. Si fuere denegado el dasafuero del Legislador o no se produjere la suspensión del funcionario imputado, el Tribunal declarará por auto que no puede proceder, y ordenará el archivo de las actuaciones. En caso contrario el Tribunal dispondrá la formación del proceso por instrucción formal o dará curso a la querella.

Artículo 199º. Varios Imputados. Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno d e ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir respecto de los otros.

TITULO II

INSTRUCCIÓN FORMAL

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 200º. Regla General. En la investigación de los delitos de acción pública, se procederá de acuerdo con las normas de la instrucción formal, salvo las excepciones establecidas por la ley.
(Nota: Está en suspenso la aplicación integral de esta norma, en lo relativo a las excepciones establecidas por ley, conforme lo dispone el artículo 3 inciso 2º de la ley 4843).

Artículo 201º. Finalidad. La instrucción tendrá por objeto:
1º) comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad;
2º) establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen, o influyan en su punibilidad;
3º) individualizar a los partícipes;
4º) verificar la edad, educación, costumbres de vida, medio de subsistencia y antecedentes del imputado, lo mismo que el estado y desarrollo de sus facultades mentales, los motivos que hubieren podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que permitan apreciar su mayor o menor peligrosidad;
5º) comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque no se haya ejercido la pretensión resarcitoria.

Artículo 202º. Investigación Directa y Juez Delegado. El Juez de Instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a la investigación de los hechos que aparezcan cometidos en la circunscripción judicial de su competencia. Si fuere necesario practicar diligencias fuera de su circunscripción, podrá actuar personalmente o encomendadas al Tribunal que corresponda.

Artículo 203º. Iniciación. La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal (art. 195), o de una prevención o comunicación policial (art. 191), y se limitará a los hechos referidos en tales actos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134.

Artículo 204º. Facultades del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal podrá intervenir en todos los actos de la instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones. Si el Fiscal hubiere expresado el propósito de asistir a un acto, se le hará saber con suficiente tiempo y bajo constancia, pero aquél no se suspenderá ni retardará por su ausencia. Cuando asista tendrá los deberes y facultades prescriptos para los Defensores.

Artículo 205º. Elección de Defensor y Fijación de Domicilio. En la primera oportunidad, pero en todo caso antes de la indagatoria, el Juez invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, se procederá conforme al artículo 109. La inobservancia de este precepto producirá la nulidad de los actos que menciona el artículo 207. Cuando el imputado esté en libertad deberá también en el mismo acto fijar domicilio.

Artículo 206º. Facultad de Proponer Diligencias. El Ministerio Fiscal y las partes podrán proponer diligencias. El Juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles y su resolución no haciendo lugar a las mismas será irrecurrible.

Artículo 207º. Derecho de Asistencia y Facultad Judicial. Los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto por el artículo 218, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproductibles, lo mismo que a las declaraciones de los testigos que por enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate. El Juez podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido cuando sea útil para esclarecer los hechos, o necesaria por la naturaleza del acto. Las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios.

Artículo 208º. Notificación. Casos Urgentísimos. Antes de proceder a realizar algunos de los actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro domiciliario, el Juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean notificados el Ministerio Fiscal y los defensores, mas la diligencia se practicará en la oportunidad establecida, aunque no asistan. Sólo en casos de suma urgencia se podrá proceder sin notificación o antes del término fijado, dejándose constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.

Artículo 209º. Posibilidad de Asistencia. El Juez permitirá que los defensores asistan a los demás actos instructorios, siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación. La resolución será irrecurrible. Admitida la asistencia, se avisará verbalmente a los defensores antes de practicar los actos, si fuero posible, dejándose constancia.

Artículo 210º. Deberes y Facultades de los Asistentes. Los defensores que asistan a los actos de instrucción no podrán hacer signos de aprobación, o desaprobación y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del Juez, a quien deberán dirigirse cuando el permiso les sea concedido; podrán proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que estimen convenientes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad. La resolución será siempre irrecurrible. Además, los defensores deberán guardar secreto sobre los actos y constancias de la instrucción.

Artículo 211º. Carácter de las Actuaciones. Las actuaciones del sumario podrán ser examinadas por las partes y sus defensores después de la indagatoria; pero el Juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproductibles (art. 207), que nunca serán secretos. La reserva no podrá durar más de diez (10) días a contar desde que se dispone, y será decretada sólo una vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación, exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto, en cuyo caso el Juez deberá solicitar autorización de la Cámara respectiva. El sumario será secreto para los extraños con excepción de los abogados que tengan algún interés legítimo. Los procedimientos, resoluciones y actos procesales podrán ser dados a publicidad con autorización del Juez o Tribunal interviniente, salvo que la naturaleza de los hechos o razones de decoro hicieran prudente su reserva. En cualquier caso, si afectaran la intimidad del imputado, la víctima o de terceros, se eliminarán en la información brindada los nombres y datos que sirvieran para individualizados. En ningún supuesto los preventores policiales podrán divulgar noticias de un sumario en trámite sin autorización previa del Magistrado competente, en lo relativo a participación, culpabilidad y estado procesal de las personas vinculadas al hecho. La infracción de esta obligación será considerada falta grave.
(Texto según Ley 8326/90).

Artículo 212º. lncomunicación. El Juez podrá decretar la incomunicación del detenido cuando existan motivos fundados, que se harán constar expresamente, por temer que se pondrá de acuerdo con sus cómplices u obstaculizará de algún modo la investigación. La incomunicación no podrá exceder de tres (3) días. Se permitirá al incomunicado el uso de libros u otros objetos que solicite, siempre que no puedan servir para eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la de otros. Asimismo se le autorizará a realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucción. También podrá comunicarse con su defensor inmediatamente antes de que se le reciba la declaración, al solo efecto de que la defensa técnica aconseje sobre la conveniencia de prestar declaración, rigiendo además lo previsto en el artículo 106 de este mismo Código. (Texto según Ley 8.326/90).

Artículo 213º. Limitaciones sobre la Prueba. No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles, respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas.

Artículo 214º. Duración y Prórroga. La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar desde el auto de avocamiento (art. 203), si en el mismo se hubiese dispuesto la recepción de indagatoria, o hubiere persona detenida o indicada como partícipe de un hecho delictuoso en cualquier acto inicial del procedimiento policial o judicial. Si resultare insuficiente, el Juez dispondrá prórroga hasta dos (2) meses, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. En los casos de suma gravedad y difícil esclarecimiento, la prórroga podrá llegar excepcionalmente hasta los cuatro (4) meses. La resolución de prórroga será apelable con efecto no suspensivo. (Texto según Ley 8.326/90).

Artículo 215º. Actuaciones. Las diligencias del sumario se harán constar en actas que el Secretario extenderá y compilará, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV, Título VI, del Libro I.

TITULO III

MEDIOS DE PRUEBA

CAPITULO I

INSPECCION JUDICIAL Y RECONSTRUCCION DEL HECHO

Artículo 216º. Inspección Judicial. El Juez de Instrucción comprobará mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado; los describirá detalladamente y cuando fuero posible, recogerá o conservará los elementos probatorios útiles.

Artículo 217º. Ausencia de Rastros. Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el Juez describirá el estado actual, y en lo posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

Artículo 218º. Inspección Corporal y Mental. Cuando lo juzgue necesario el Juez podrá proceder a la inspección corporal y mental del imputado, cuidando en lo posible se respete su pudor. Podrá disponer igual medida respecto de otra persona, con la misma condición en los casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad. Si fuere preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos. Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

Artículo 219º. Facultades Coercitivas. Para realizar la inspección, el Juez podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que hubiesen sido halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos (art. 247), sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.

Artículo 220º. Identificación de Cadáveres. Si la instrucción se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuere desconocido, antes de proceder al entierro del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente se lo identificará por medio de testigos, y se tomarán sus impresiones digitales. Si por los medios indicados no se obtuviere la identificación y su estado lo permitiere, el cadáver se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento, los comunique al Juez.

Artículo 221º. Reconstrucción del Hecho. El Juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo, efectuarse de un modo determinado. Al imputado no podrá obligárselo a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho a pedirla y a participar en la misma.

Artículo 222º. Operaciones Técnicas. Para la mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el Juez podrá ordenar todas las operaciones técnicas y científicas que estime convenientes.

Artículo 223º. Juramento. Los peritos, testigos e intérpretes que intervengan en actos de inspección o reconstrucción deberán prestar el juramento o la promesa que corresponda, bajo pena de nulidad.

CAPITULO II

REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL

Artículo 224º. Registro. Si hubiera motivo suficiente para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado, de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará por decreto fundado, el registro de ese lugar. Igualmente podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso, la orden será escrita y contendrá el nombre del comisionado y el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse. De todo lo actuado se labrará un acta conforme a lo dispuesto en el capítulo respectivo.

Artículo 225º. Allanamiento de Morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o sus representantes presten su consentimiento. Sin embargo en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligra el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora.

Artículo 226º. Allanamientos de Otros Locales. El horario establecido en el artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación. Para la entrada y registro en la Legislatura Provincial, el Juez necesitará la autorización del Presidente de la Cámara respectiva.

Artículo 227º. Allanamiento sin Orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:
1º) por incendio, explosión, inundación u otra causa semejante, se hallara amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;
2º) se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito, o cuando haya agresión ilegítima procedente de adentro;
3º) se introduzca en una casa o local algún imputado de delito grave a quien se persigue para su aprehensión;
4º) voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o pidan socorro.

Artículo 228º. Formalidades para el Allanamiento. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse, o cuando esté ausente, a su encargado, o a falta de éste a cualquier otra persona mayor de edad, que se hallara en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro. Cuando no se encuentre a nadie ello se hará constar en acta, por ante dos testigos, prefiriéndose vecinos.
Practicado el registro se consignará en acta su resultado, con expresión de las circunstancias de interés para el proceso. Aquélla será firmada por los concurrentes, y, si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

Artículo 229º. Autorización de Registro. Cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralidad y orden público, alguna autoridad administrativa o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

Artículo 230º. Requisa Personal. El Juez ordenará la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrá invitársele a exhibir el objeto de que se trata. Las requisas se practicarán separadamente, respetando en lo posible, el pudor de las personas. Si se hiciere sobre una mujer serán efectuadas por otra, salvo que eso importe demora en perjuicio de la investigación. La operación se hará constar en acta que firmará el requisado; si no la suscribiere se indicará la causa. La negativa de la persona que deba ser objeto de la requisa no impedirá el cumplimiento de la misma, salvo que mediaran causas justificadas, que según la apreciación del Juez hagan a su postergación.

CAPITULO III

SECUESTRO

Artículo 231º. Orden de Secuestro. El Juez podrá disponer que sean conservadas o recogidas las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquéllas que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea necesario, ordenará su secuestro. En casos urgentes, esta medida podrá ser delegada a un funcionario de la Policía Judicial en la forma prescripta para los registros (art. 224).

Artículo 232º. Orden de Presentación. Limitaciones. En vez de la orden de secuestro el Juez podrá disponer, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado.

Artículo 233º. Art. 233.- Custodia o depósito del objeto secuestrado: Los objetos secuestrados serán inventariados y puestos a segura custodia a disposición del tribunal. En caso necesario podrá disponerse del depósito de los mismos.
El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o así convenga a la investigación.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas. Si fuera necesario remover los sellos, se verificará previamente la identidad e integridad. Concluido el acto, aquellos serán repuestos y de todo se dejará constancia.
Cuando se trate de vehículos u otros bienes de significado valor, los mismos se entregarán en depósito.
1. Vehículos secuestrados con propietario conocido: Los vehículos secuestrados cuyo propietario haya sido debidamente individualizado y notificado de que el vehículo se encuentra secuestrado y a su disposición, deberán abonar en concepto de arancel de guarda y custodia la suma equivalente a dos (2) juristas diarias, calculados a partir del día de notificación de que el vehículo se encuentra a su disposición y hasta el día de la efectiva liberación. En tanto los titulares de las unidades presenten la documentación válida y suficiente que permita resolver la mencionada liberación. En todos los casos, la liberación del vehículo se practicará previa acreditación del pago de los aranceles que correspondan.
2. Vehículos cuyo propietario no puede ser identificado: Si por alguna razón, no se pudiese acreditar la titularidad del vehículo secuestrado, estableciendo e identificando a su propietario, siempre que se encuentre acreditado a la causa que se han practicado las medidas tendientes a la individualización y la correspondiente notificación, y luego de transcurridos tres (3) meses de producido el secuestro sin que varíe esta situación, los mismos se entregarán en depósito, conforme el mecanismo que se establece en el inc. 4 del presente artículo.
3. Cobro del arancel: El arancel fijado en el inc. 1 del presente artículo, podrá ser cobrado al propietario del vehículo mediante el procedimiento de apremio fiscal, que será totalmente aplicable al caso. El dueño del vehículo secuestrado podrá igualmente eximirse del pago del arancel, efectuando la donación gratuita, sin cargo ni condición del vehículo secuestrado a favor del superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos efectuada mediante escritura pública o acta judicial, de fecha anterior a la notificación de la demanda de apremio que tenga su causa en el cobro de dicho arancel.
4. Disposición del vehículo secuestrado: el juez o tribunal, deberá entregar en depósito al Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación y Obras Públicas en un plazo no mayor a los diez (10) días de requerido. Le compete a este ministerio otorgarle el destino final siempre en carácter de depósito que será bajo la responsabilidad del Estado y los vehículos afectados deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de la función que compete al Poder Ejecutivo, sus entes autárquicos, descentralizados, municipios y/o juntas de Gobierno, Poder Legislativo, Judicial, entes con personería jurídica de bien público y sin fines de lucro.
5. Vehículos donados: Los vehículos donados a favor del Estado provincial que puedan ser utilizados como tales, se afectarán de conformidad a lo establecido en el párr. 2 del inc. 4 del presente artículo. Y aquellos que por sus condiciones no puedan ser utilizados para sus fines, serán depositados en lugares habilitados conforme la reglamentación lo determine, para ser oportunamente rematados en pública subasta y al mejor postor.
(Texto según Ley 9615).

Artículo 234º. Interceptación de Correspondencia. Siempre que lo considere útil para la comprobación del delito, el Juez podrá ordenar mediante decreto fundado, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica, o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado al mismo, aunque sea bajo nombre supuesto.

Artículo 235º. Apertura y Examen de Correspondencia. Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el Juez procederá a su apertura, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.

Artículo 236º. Intervención de Comunicaciones Telefónicas. El Juez podrá ordenar, mediante decreto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas del imputado, para impedirlas o conocerlas.

Artículo 237º. Documentos Excluidos de Secuestro. No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o se entreguen a los defensores, para el desempeño de su cargo.

Artículo 238º. Devolución. Los objetos secuestrados que no están sometidos a decomiso, restitución o embargo, serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se secuestraron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito; o imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que le fuero requerido. Los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado, salvo que se oponga a ello el poseedor de buena fe de cuyo poder hubieren sido secuestrados.

Artículo 238 bis: Reintegro de inmuebles: En las causas por infracción al Art.181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de procesamiento, el Juez, a pedido del damnificado podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil. El Juez, podrá fijar una caución si lo considerare necesario.- (Incorporado por Ley 9415- B.O.12/08/02)

CAPITULO IV

TESTIGOS

Artículo 239º. Deber de Indagar. El Juez interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil al descubrimiento de la verdad.

Artículo 240º. Obligación de Testificar. Todo habitante del país tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial, y declarar la verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 241º. Capacidad de Atestiguar y Apreciación. Toda persona, sin excepción, será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la facultad del Juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la libre convicción o sana crítica.

Artículo 242º. Prohibición de Declarar. No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, salvo que el delito sea ejecutado en perjuicio del testigo o contra una persona cuyo parentesco con él sea igual o más próximo.

Artículo 243º. Facultad de Abstención. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o actor civil, o que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio, o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Antes de iniciar la declaración y bajo pena de nulidad, el Juez advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia.

Artículo 244º. Deber de Abstención. Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento, en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad:
1º) los ministros de culto admitido;
2º) los abogados, procuradores y escribanos;
3º) los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar;
4º) los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado.
Sin embargo esas personas no podrán negarse a testificar, cuando se las libere del deber de guardar secreto, con excepción de las mencionadas en primer término. Si el testigo invocara erróneamente la obligación del secreto sobre un hecho que no puede estar comprendido en ella, el Juez procederá sin más a interrogarlo.

Artículo 245º. Citación. Para el examen de testigos, el Juez expedirá orden de citación con arreglo al artículo 157, excepto los casos previstos por los artículos 250 y 251. En caso de urgencia, sin embargo, podrán ser citados verbalmente. El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

Artículo 246º. Declaración por Exhorto o Mandamiento. Cuando el testigo resida en un lugar distante del Juzgado o sean difíciles los medios de transporte, se someterá la declaración de aquél por exhorto o mandamiento, a las autoridades de su residencia, salvo que el Juez considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y lo indispensable del testimonio. En este caso fijará prudencialmente la indemnización que corresponda al citado.

Artículo 247º. Compulsión. Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al artículo 158, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda. Si después de comparecer el testigo se negare a declarar, se dispondrá su detención hasta por dos (2) días, al término de los cuales, si persiste en la negativa, se iniciara contra él causa criminal.

Artículo 248º. Detención Inmediata. Cuando un testigo carezca de domicilio o hubiera temor fundado de que se oculte, fugue o ausente, el Juez podrá ordenar su inmediata detención mediante decreto fundado. La restricción a la libertad, no podrá exceder en ningún caso el término de veinticuatro (24) horas, dentro del cual deberá recibírsele declaración.

Artículo 249º. Forma de la Declaración. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio y prestará juramento o promesa de decir verdad, con excepción de los menores de 16 años y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo. El Juez interrogará separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con las partes, o cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad. Después de ello lo interrogará sobre el hecho y se labrará un acta, conforme a los artículos 117 y 143.

Artículo 249º bis: Reserva de la identidad: iniciada la instrucción, cuando prima facie la conducta endilgada encuadrare en los siguientes tipos delictuales a saber: homicidio simple, homicidio agravado, violación, agravación de la violación, secuestro coactivo, imposición de torturas, omisión de evitar la imposición de torturas, robo seguido de muerte, secuestro extorsivo y secuestro extorsivo seguido de muerte y todo delito cuando sus circunstancias excepcionales lo requieran, el juez de oficio, o a pedido del fiscal o del querellante particular o del mismo deponente, podrá ordenar la reserva de identidad de aquellas personas que, pudiendo aportar cualquier tipo de datos a la investigación, lo solicitaren, siempre que exista temor fundado respecto a su vida, integridad personal, las de sus familiares o de aquellas personas que recibieren ostensible trato familiar. Tal resolución, que deberá ser fundada, será inapelable.
Ello no impedirá que la defensa, el querellante y en su caso el actor civil, puedan asistir y controlar la declaración, adoptándose los mecanismos técnicos necesarios para que el testigo no pueda ser reconocido (mecanismo de distorsión de voz e imagen). Las personas incluidas en el párrafo precedente tendrán derecho a preguntar y a realizar todas las observaciones que crean convenientes a los efectos de preservar en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del imputado, para lo cual el Juez actuará como garante del mismo, debiendo receptar las preguntas que las partes le realicen, las que serán formuladas por el magistrado actuante.
Sólo el Juez y el Fiscal podrán presentar directamente la declaración y conocer la identidad del testigo. En toda ocasión, se agregará a los actuados un acta en la que el testigo será identificado con un número y en la que se transcribirá la declaración.
De resultar suficiente para la seguridad del declarante el Juez podrá optar por ordenar únicamente la reserva del domicilio.
(Art. incorporado por Ley 9733)

Artículo 250º. Tratamiento Especial. No estarán obligados a comparecer: el Presidente y Vicepresidente de la Nación; los Ministros Nacionales; los Gobernadores y Vicegobernadores; los Ministros Provinciales; los miembros del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales; los del Poder Judicial Nacional y Provinciales; los de los Tribunales Militares; los Ministros Diplomáticos y Cónsules generales; los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia; los Intendentes Municipales y los Rectores de Universidad oficiales. Las personas nombradas podrán renunciar al tratamiento precedente. Si no lo hacen optarán por declarar en su residencia oficial o por informe escrito, dejando constancia en este último que deponen bajo juramento o promesa de decir verdad; no pudiendo, en el primer caso, ser interrogados directamente por las partes ni por los defensores o mandatarios.

Artículo 251º. Testificación Domiciliaria. Las personas que no puedan concurrir al Tribunal por estar físicamente impedidas, prestarán testimonio en su domicilio.

Artículo 252º. Falso Testimonio. Si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio, se ordenarán las copias pertinentes y se las remitirá al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de ordenarse su detención.

CAPITULO V

PERITOS

Artículo 253º. Facultad de Ordenar Pericias. El Juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o valorar algún hecho, elemento de prueba o circunstancia pertinente a la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

Artículo 254º. Calidad Habilitante. Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el cual han de expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentadas. En caso contrario deberá designarse a personas de conocimiento o práctica reconocidos.

Artículo 255º. Designación y Notificación. El Juez designará de oficio un perito, salvo que considere indispensable que sean más o que la ley expresamente lo exija. Notificará esta medida al Ministerio Fiscal y a los defensores, antes de que se inicien las operaciones, bajo pena de nulidad, siempre que no haya absoluta urgencia o que la indagación sea extremadamente simple. En estos casos, bajo la misma sanción se notificará al imputado y defensores que se realizó la pericia, que pueden hacerla examinar por otro perito, y pedir si fuere posible, su reproducción.

Artículo 256º. Proposición. En el término de tres (3) días a contar de las respectivas notificaciones previstas en el artículo anterior, cada parte podrá proponer a su costa otro perito legalmente habilitado conforme a lo dispuesto en el artículo 254. Se exceptúa de aquel plazo lo dispuesto en el artículo 264, situación en la que el Juez podrá fijar prudencialmente uno menor.

Artículo 257º. Obligatoriedad del Cargo. Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñarse como perito, si no tuviere impedimento legal para ello. En este caso lo deberá informar al notificársele su designación. Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento o promesa de fiel desempeño.

Artículo 258º. Incapacidad o Incompatibilidad. No podrán ser peritos los menores de 21 años; los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales; los insanos, los condenados e inhabilitados, durante el tiempo de su enfermedad o cumplimiento de sus penas, respectivamente.

Artículo 259º. Excusación y Recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusación o recusación de los peritos las que se establecen para los Jueces. El incidente será resuelto por el Juez, oído el interesado y previa averiguación sumaria, sin recurso alguno.

Artículo 260º. Directivas. El Juez dirigirá la pericia, formulará concretamente las cuestiones a dilucidar, fijará el plazo en que ha de expedirse y, si lo juzgare conveniente, asistirá a las operaciones. Podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales. Aquél estará siempre obligado a guardar reserva.

Artículo 261º. Conservación de Objetos. Discrepancia. Tanto el Juez como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia, si fuere del caso, pueda renovarse. Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al Juez antes de proceder.

Artículo 262º. Ejecución. Tercer Perito. Los peritos practicarán unidos el examen siempre que ello sea posible, deliberarán en sesión secreta a la que sólo podrá asistir el Juez, y redactarán su informe en común si estuvieran de acuerdo; en caso contrario, lo harán por separado. Si los informes disidentes fueran en número par, el Juez podrá nombrar otro perito para que examine los dictámenes producidos y haga conocer sus méritos, con o sin la realización de nuevas operaciones, según sea posible o necesario.

Artículo 263º. Forma y Contenido del Dictamen. El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o en forma de declaración haciéndose constar en acta, y comprenderá, en cuanto fuere posible:
1º) la descripción de la persona, lugares, cosas o hechos examinados, en las condiciones en que hubieran sido hallados;
2º) una relación detallada de todas las operaciones que se practicaron y de su resultado;
3º) las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica;
4º) la fecha en que se practicaron las operaciones.

Artículo 264º. Autopsia Necesaria. En todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultara evidente la causa de la muerte.

Artículo 265º. Normas en caso de Falsedad Documental. Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento falso, el Juez ordenará la presentación de escrituras de comparación pudiendo utilizarse escritos privados si no hubiera dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de éstos podrá disponer el secuestro, salvo que el tenedor de ellos sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. El Juez podrá ordenar también que alguna de las partes forme cuerpo de escrituras; de la negativa se dejará constancia.

Artículo 266º. Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades penales, el Juez podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia o el mal desempeño de los peritos, y, en su caso, sustituirlos.

Artículo 267º. Honorarios. Los peritos nombrados de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal, tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiera. El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre a ésta o al condenado en costas.

CAPITULO VI

INTERPRETES

Artículo 268º. Designación. El Juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos o declaraciones que respectivamente, se encuentren o deban producirse en idioma distinto al nacional, aun cuando tenga conocimiento personal del mismo. El declarante podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta junto con la traducción.

Artículo 269º. Normas Aplicables. En cuanto a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidades, excusación, recusación, derechos y deberes, término y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones relativas a los peritos.

CAPITULO VII

RECONOCIMIENTOS

Artículo 270º. Casos. El juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o para establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.
Artículo 271º. lnterrogatorio Previo. Antes del reconocimiento, quien deba practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, o para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen. El declarante prestará juramento o promesa de decir verdad, a excepción del imputado.

Artículo 272º. Forma. La diligencia del reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio, poniendo a la vista de quien deba verificarlo, junto con otras dos o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida, luego que ésta elija su colocación en la rueda. En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, según el Juez lo estime oportuno, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, invitándoselo a que en caso afirmativo la señale clara y precisamente. Igualmente que manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época a que se refiere su declaración. La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hubiesen formado la rueda.

Artículo 273º. Pluralidad de Reconocimientos. Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente, sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá labrarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar o reconocer, podrá hacerse reconocimiento de todas en un mismo acto.

Artículo 274º. Reconocimiento por Fotografía. Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente, ni pudiere ser habida, podrá exhibirse su fotografía, con otras semejantes de distintas personas, a quien debe efectuar el reconocimiento. Se seguirán en lo demás las disposiciones precedentes.

Artículo 275º. Reconocimiento de Cosas. Antes del reconocimiento de una cosa, el Juez invitará a la persona que deba efectuarlo a que la describa. En cuanto a lo demás, se observarán, en lo posible, las disposiciones precedentes.

CAPITULO VIII

CAREOS

Artículo 276º. Procedencia. El Juez podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado o se contradigan sobre hechos y circunstancias concretas e importantes. El imputado podrá solicitarlo, pero no será obligado a carearse.

Artículo 277º. Juramento. Los que hubieran de ser careados prestarán juramento o promesa de decir verdad, antes del acto, bajo pena de nulidad, a excepción del imputado. Al careo de éste podrá asistir su defensor.

Artículo 278º. Forma. El careo se verificará por regla general entre dos personas. Para efectuarlo, se leerán en lo pertinente o se pondrán verbalmente de manifiesto, en su caso, las declaraciones que se estimen contradictorias, llamándose la atención sobre ello a los careados, a fin de que se reconvengan o traten de acordarse. De la ratificación o rectificación que resulte, se dejará constancia, así como de las reconvenciones relevantes que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra. En ningún caso se consignarán las impresiones del Juez a cerca de la credibilidad o actitud de aquéllos.

TITULO IV

SITUACION DEL IMPUTADO

CAPITULO I

PRESENTACION Y COMPARECENCIA

Artículo 279º. Presentación Espontánea. La persona contra la cual se haya iniciado o esté por iniciarse una actuación prevencional o un proceso, podrá presentarse ante la autoridad o Juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuera recibida en la forma prescripta para la indagatoria, aquella valdrá como tal a cualquier efecto. La presentación espontánea no impedirá que se ordene, cuando corresponda, la detención. (Texto según Ley 8326/90).

Artículo 279º bis. Eximición de Prisión. En los casos precedentes la persona imputada podrá por sí o por terceros peticionar al Juez que entiende en la investigación en trámite su eximición de prisión. El Juez calificará a este efecto el o los hechos de la causa, establecerá "prima facie" la procedencia de la excarcelación, en cuyo caso podrá conceder la eximición de prisión bajo la caución que correspondiera, no siendo impedimento para hacerlo la ausencia de los antecedentes del imputado. Cuando se otorgue la eximición deberá labrarse un acta por Secretaría, en la misma forma que para la excarcelación siendo asimismo aplicables los preceptos de esta última en lo relativo a revocación y recursos. (Incorporado por Ley 8.326/90).

Artículo 280º. Restricción de la Libertad. La libertad personal sólo podrá ser restringida de acuerdo con las disposiciones de este Código, y en los límites de la más absoluta necesidad, para alcanzar el descubrimiento de la verdad y asegurar la efectiva actuación de la ley penal. El arresto y la detención se ejecutarán de modo que afecten o perjudiquen lo menos posible, a la persona y reputación de quienes sean privados de libertad.

Artículo 281º. Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en que hubieran participado varias personas, no fuera posible individualizar a los responsables y a los testigos, y no pueda dejarse de proceder sin perjuicio o peligro para la instrucción, el Juez podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de prestar declaración, y aun ordenar el arresto, si fuere indispensable. Ambas medidas no podrán prolongarse más que el tiempo necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza, y en ningún caso aquél durará más de veinticuatro (24) horas. Vencido este plazo, podrá ordenarse, si correspondiere, la detención del presunto culpable.

Artículo 282º. Citación. Cuando el delito que se investiga, no esté reprimido con pena privativa de libertad, o pueda proceder condena condicional, el Juez salvo los casos de flagrancia, ordenará la comparencia del imputado por simple citación. Sin embargo, dispondrá su detención cuando hubiere motivos fundados para presumir que no cumplirá la orden, o intentará destruir los rastros del hecho o se pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones testificales, o fuere reincidente. Si el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará su detención.

Artículo 283º. Detención. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez librará orden de detención para que el imputado sea llevado a su presencia, siempre que hubiere fundamento para recibirle declaración indagatoria. La orden será escrita, contendrá las generales del imputado o los datos que permitan identificarlo y la indicación del hecho que se le atribuya, y será notificada en el momento de la ejecución o inmediatamente después. En caso de urgencia, sin embargo, el Juez podrá impartir la orden en forma verbal o telegráficamente, haciéndolo constar, y remitiendo a la brevedad, la ratificación escrita con las exigencias del párrafo anterior.

Artículo 284º. Aprehensión en Flagrancia. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial tendrán el deber de aprehender a quien sea sorprendido in fraganti en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad. Tratándose de un delito dependiente de instancia privada, inmediatamente será informado quien pueda promoverla, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el detenido será puesto en libertad.

Artículo 285º. Flagrancia. Se considerará flagrante el hecho, cuando su autor sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido por la fuerza pública, por el damnificado o el clamor público, o mientras tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en una infracción.

Artículo 286º. Aprehensión sin Orden. Otros Casos. Los Oficiales y Auxiliares de la Policía Judicial, deberán aprehender aun sin orden judicial:
1º) al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo;
2º) al que fugare estando legalmente detenido;
3º) a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, de los cuales se dejará constancia expresa.
(Texto según Ley 8.326/90).

Artículo 287º. Presentación del Aprehendido. El Oficial o Auxiliar de la Policía Judicial que haya practicado una detención sin orden, deberá presentar inmediatamente al aprehendido ante la autoridad judicial competente más próxima, sin perjuicio de consultarla al respecto en forma inmediata y por cualquier medio, dejando constancia de la orden impartida en las actuaciones y en el libro policial respectivo. Además el funcionario interviniente, bajo apercibimiento de reputarse su omisión como falta grave, deberá hacer saber al aprehendido que tiene derecho a la asistencia técnica, a avisar a un familiar o amigo y a guardar silencio, sin que ello lo perjudique o implique presunción de culpabilidad, labrándose acta conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV, Título V, donde consten tales circunstancias y en su caso que se produjo el aviso a la persona indicada con el resultado obtenido. (Texto s/ Ley 8.326/90).

Art. 288º. Aprehensión por un particular. En los casos en que los oficiales y auxiliares de la policía judicial, tienen el deber de aprehensión, salvo el previsto en el inc. 3 del art. 286 , los particulares están facultados para hacerlo entregando al aprehendido inmediatamente a la autoridad judicial o policial.

Capítulo II:

Indagatoria

Art. 289º. Procedencia y término. Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el juez procederá a interrogarla: si estuviere detenida, inmediatamente, o a más tardar, dentro de las 24 horas desde que fuere puesta a su disposición. Este término podrá prorrogarse por otro tanto, cuando el magistrado no hubiere podido recibir la declaración o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor.

Art. 290º. A la declaración del imputado sólo podrá asistir el Ministerio Fiscal y los defensores de las partes. No será preciso notificar antes de cumplir el acto, al primero de los nombrados. Al imputado lo acompañará su defensor, no pudiendo en ningún caso y bajo sanción de nulidad, declarar sin la presencia de éste. (Texto según ley 8326, art. 1)

Art. 291º. Libertad de declarar. El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargo, preguntas o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
La inobservancia de las exigencias precedentes hará nulo el acto cuando cualquiera de ellas no sea respetada, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda.

Art. 292º. Interrogatorio de identificación. Después de proceder conforme a los arts. 205 y 290 el juez invitará al imputado a declarar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, instrucción, domicilio, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida; nombre, apellido, estado y profesión de los padres; si ha sido procesado, y, en su caso, por qué causa, por qué Tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida.

Art. 293º. Formalidades previas. Terminado el interrogatorio de identificación el juez informará detalladamente al imputado en forma clara, precisa y específica, cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su contra y que puede abstenerse de declarar; sin que su silencio pueda valorarse en su contra o implique una presunción de culpabilidad.
Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en acta con su firma. Si rehusare suscribirla, se consignará el motivo.

Art. 294º. Forma de la indagatoria. Si el imputado no se opusiera a declarar, el juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas que estime oportunas. Salvo que aquél prefiera dictar su declaración, se la hará constar fielmente; en lo posible, con sus mismas palabras.
Seguidamente el juez podrá dirigir al indagado las preguntas que estime conveniente.
El Ministerio Fiscal y los defensores podrán ejercer las facultades que les acuerda el art. 210 . Las respuestas podrán ser dictadas por el declarante.
Si se notaren, por la complejidad o duración del acto, signo de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan, según estimación prudencial del juez.

Art. 295º. Preguntas y respuestas. Las preguntas serán claras y precisas; nunca capciosas o sugestivas. Las respuestas no podrán ser instadas perentoriamente o interrumpidas por nuevos interrogatorios.

Art. 296º. Acta. Concluida la indagatoria, el acta será leída en alta voz por el secretario, bajo pena de nulidad, y de ello se hará mención, sin perjuicio de que también la lean el imputado y los defensores presentes.
Cuando el declarante quiera agregar o corregir algo, sus manifestaciones serán consignadas al final del acta sin alterar lo escrito.
Esta última será suscripta por todos los presentes; si alguno no pudiere o no quisiere hacerlo, ello se hará constar y no afectará su validez.

Art. 297º. Imputado que no sabe expresarse. Si por ignorar el castellano o ser sordomudo, el imputado no supiere darse a entender, o si fuere ciego, se procederá por medio de intérpretes y conforme a las prescripciones generales para los actos procesales y acta (art. 118).

Artículo 298º. lndagatoria Separada. Cuando en una misma causa hubiera varios imputados las indagatorias se recibirán separada y sucesivamente, evitándose que aquéllos se comuniquen antes de que todos hayan declarado.

Artículo 299º. Declaraciones Espontáneas. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o a los fines de turbar la investigación.

Artículo 300º. Evacuación de Citas. El Juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias a que se hubiera referido el imputado, siempre que sean pertinentes y útiles.

Artículo 301º. Identificación y Antecedentes. Recibida la indagatoria, el Juez remitirá a la oficina respectiva los datos personales del imputado y ordenará que se proceda a su identificación, si tal formalidad no estuviere ya cumplida. En su caso, la oficina remitirá en triple ejemplar la planilla que se confeccione; agregándose una al expediente y las otras se remitirán a los efectos prescriptos por los artículos 2 a 4 de la Ley Nacional 11752.

CAPITULO III

PROCESAMIENTO

Artículo 302º. Fundamento y Término. En el término de diez (10) días a contar de la indagatoria, el Juez ordenará el procesamiento del imputado, siempre que hubiera elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe del mismo. Cuando hubiera co-imputados, el plazo anterior deberá contarse desde la última declaración indagatoria recepcionada, salvo que alguno de aquéllos esté prófugo o rebelde.

Artículo 303º. Indagatoria Previa. No podrá ordenarse el procesamiento, bajo pena de nulidad, sin habérsele recibido indagatoria al imputado, o sin que conste su negativa a declarar.

Artículo 304º. Forma y Contenido. El procesamiento será dispuesto por auto, el cual deberá contener, bajo pena de nulidad: las generales del imputado o, si fueran ignoradas, los datos que sirvan para identificarlo; una breve pero clara enunciación de los hechos que se le atribuyen y de los motivos en que la decisión se funda; y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables.

Artículo 305º. Falta de Mérito. Cuando en el término fijado por el artículo 302, el Juez considere que no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto que así lo declare sin perjuicio de proseguir la investigación, y dispondrá la libertad de los detenidos que hubiere, previa constitución del domicilio.

Artículo 306º. Carácter y Recursos. Los autos de procesamiento y de falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación con efecto no suspensivo dentro de los cinco (5) días; del primero por el imputado y/o su defensor o el Ministerio Fiscal, del segundo por este último. (Texto s/Ley 8.326/90).

CAPITULO IV

PRISION PREVENTIVA

Artículo 307º. Procedencia. El Juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que confirmara, en su caso, la excarcelación que antes le hubiera concedido, cuando:
1º) al delito o concurso de delitos que se le atribuya corresponda pena privativa de libertad cuyo máximo exceda de dos (2) años;
2º) aunque éste sea inferior, no corresponda conceder la excarcelación, conforme a lo dispuesto por el artículo 314.

Artículo 308º. Tratamiento de Presos. Excepto lo previsto por el artículo siguiente, los que fueran sometidos a prisión preventiva serán alojados en establecimientos diferentes a los que ocupen los penados; se dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les impute; podrán procurarse a sus expensas las comodidades que no afecten el régimen carcelario y la asistencia médica que necesiten, recibir visitas en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar los medios de correspondencia, salvo las restricciones impuestas por la ley. Los Jueces podrán autorizarlos, mediante decreto fundado, a salir del establecimiento bajo debida custodia, para someterse a los tratamientos médicos que requieran fuera de la asistencia gratuita interna, cumplir con obligaciones impostergables que no puedan realizarse en aquél, o en caso de muerte o grave enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que prudencialmente se determine.

Artículo 309º. Prisión Domiciliaria. Las mujeres honestas y las personas mayores de 60 años o valetudinarias, podrán cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, si el Juez estimare que en caso de condena no se les impondrá una pena mayor de seis (6) meses.

Artículo 310º. Cesación de la Prisión Preventiva. Cuando por los antecedentes penales del imputado y demás circunstancias de la causa el Juez o el Tribunal, de oficio o a pedido de parte, prima facie estimare que en ningún supuesto al imponérsele condena de privación de la libertad, será mayor que el término de prisión preventiva ya cumplido, aun por aplicación del artículo 13 del Código Penal, deberá disponer por auto el cese del encarcelamiento y la inmediata libertad de aquél. Cuando sea dictado por el Juez de Instrucción, la Resolución será apelable con efecto no suspensivo por el Ministerio Fiscal. Cuando el auto fuere denegatorio será apelable por el imputado o su defensor. (Texto s/Ley 8.326/90).

Artículo 311º. Otras Restricciones Preventivas. Cuando el procesado quedare en libertad, podrá imponérsele la residencia obligatoria en la ciudad o localidad donde vive, que no concurra a determinados sitios, o que comparezca periódicamente ante la autoridad que se determine. Igualmente, cuando el delito que se le impute esté reprimido por la Ley con inhabilitación especial, se podrá disponer preventivamente, que se abstenga de cumplir esa actividad.
En los procesos por algunos de los delitos en Libro II, Título I, II, III, V y VI, Título V, Capítulo I del Código Penal o cualquier otro ilícito civil cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, unidos por lazos de parentesco, sanguíneos o no, que compartan la vivienda en forma permanente aunque provengan de uniones de hecho, y las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente que pueda repetirse, el Juez actuante podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del victimario, dando intervención al Defensor de Menores. Si el encausado tuviere deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentos, el Defensor de Menores deberá promover las actuaciones que correspondan(*).
(Conforme Art.13 ley 9.198/99 de Prevención de la Violencia Familiar y su corrección según texto..."Art.131º" y debe decir " Art.311º").-

Artículo 312º. Medida de Seguridad Provisional. Si fuere presumible, previo dictamen de dos perito, que el imputado padecía al cometer el delito alguna enfermedad mental que lo hace inimputable, podrá ordenarse provisionalmente su internación en un establecimiento especial.

CAPITULO V

EXCARCELACION

Artículo 313º. Procedencia. Deberá concederse la excarcelación del imputado, salvo que se verifiquen las restricciones del artículo siguiente cuando:
1º) el delito o los delitos que se le atribuyen estén reprimidos con pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de seis (6) años de prisión;
2º) cuando, no obstante exceder dicho término, se estime prima facie que procederá condena de ejecución condicional;
3º) al agotarse el término para completar la instrucción y las prórrogas del artículo 214, salvo que por resolución fundada y expresa el Juez o Tribunal estimen que es imprescindible mantener la prisión preventiva. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 314º. Restricciones. La excarcelación no se concederá:
a) Cuando apareciera prima facie improcedente la condenación condicional por la presencia de cualquiera de sus impedimentos o la magnitud y calidad de los daños causados;
b) Cuando hubiere indicios verificables que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o continuará la actividad delictiva u obstaculizará las investigaciones;
c) Cuando se le impute algunos de los delitos previstos por los artículos 139º, 139º bis, 146º,163 inciso 1º del Código Penal.
La decisión sólo podrá ser en favor de la libertad caucionada del imputado cuando medien situaciones excepcionales o circunstancias extraordinarias que a criterio del Juez o Tribunal así lo justifiquen, debiéndose para ello fundar amplia y pormenorizadamente las mismas en las constancias de la causa y en función de las causales de restricción establecidas.
(Texto s/Ley 8.955/95 y 9.404/02)

CAUCIONES

Artículo 315º. Objeto. La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real. La caución tendrá por objeto asegurar que el imputado cumpla las condiciones impuestas y las ordenes de la autoridad judicial, y que se someta a la ejecución de la sentencia condenatoria.

Artículo 316º. Determinación. Para determinar la cantidad y calidad de la caución, se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado y la gravedad del daño producido. El Juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que aquél se abstenga, de infringir las obligaciones impuestas.

Artículo 317º. Caución Juratoria. La caución Juratoria consistirá en la promesa jurada por el imputado de cumplir fielmente las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, y se admitirá:
1º) cuando la excarcelación sea acordada por estimarse, "prima facie", que procederá condena condicional;
2º) en caso contrario, cuando se estime imposible que aquél, por su estado de pobreza ofrezca caución real o personal y hubiere motivos para creer que, a pesar de ello, cumplirá sus obligaciones.

Artículo 318º. Caución Personal. La caución personal consistirá en la obligación que el imputado asume, juntamente con uno o más fiadores solidarios, de pagar, en el caso del artículo 331, la suma que se hubiera fijado al conceder la excarcelación.

Artículo 319º. Capacidad y Solvencia del Fiador. Podrá ser fiador el que tenga capacidad para contratar y reúna las condiciones de solvencia exigidas. Nadie podrá tener otorgadas y subsistentes más de cuatro fianzas en cada circunscripción.

Artículo 320º. Caución Real. La caución real se constituirá depositando dinero, fondos públicos o valores cotizables, u otorgando hipoteca por los importes que la autoridad judicial determine. Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial, para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.

Artículo 321º. Oportunidad y Base. La libertad bajo caución será acordada en cualquier estado del proceso; de oficio o a su pedido, evitando en lo posible la detención del imputado. Esta solicitud podrá ser formulada después de la indagatoria, y el Juez o Tribunal atenderá a la calificación del hecho que se atribuya o que aparezca cometido, sin perjuicio de revocar o modificar su decisión al establecer la situación del imputado (arts. 302 y 305). Después del auto de procesamiento se tendrá en cuenta la calificación legal contenida en el mismo. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 322º. Trámite. El incidente de excarcelación, en caso de ser necesario, se tramitará por cuerda separada. La solicitud se pasará en vista al Ministerio Fiscal, el que deberá expedirse inmediatamente, salvo que el Juez, por la dificultad del caso, le conceda un término que nunca podrá exceder de veinticuatro (24) horas. El Juez resolverá enseguida.

Artículo 323º. Condiciones. Cuando el Juez acuerde la excarcelación podrá imponer al imputado las obligaciones establecidas por el artículo 311; y cuando aplique el artículo 317, inciso 2º, le impondrá la de presentarse periódicamente ante la autoridad que determine.

Artículo 324º. Forma de la Caución. Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en actas suscriptas ante el Secretario. Las fianzas se registrarán en un libro especial. En caso de gravamen hipotecario, una copia de la escritura se agregará al proceso y el Juez ordenará la inscripción en el Registro Público, quedando el original como también el título de propiedad reservados en Secretaría.

Artículo 325º. Domicilio y Notificaciones. El imputado y su fiador deberán fijar domicilio legal en el acto de prestar la caución. Las notificaciones y citaciones que deban hacerse al imputado, se harán también al fiador, cuando se relacionen con las obligaciones del excarcelado.

Artículo 326º. Recursos. Cuando fuere dictado por el Juez de Instrucción el auto que concede o niegue la excarcelación, será apelable con efecto no suspensivo por el Ministerio Fiscal, el imputado o su defensor, dentro del término de tres (3) días. (Texto s/Ley 8.326/90).

Artículo 327º. Revocación. El auto de excarcelación será revocable y reformable de oficio. Deberá revocarse cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas, o no comparezca al llamado del Juez sin justa causa o realice preparativos de fuga, o cuando nuevas circunstancias exijan su detención.

Artículo 328º. Cancelación. La caución se cancelará y las garantías serán restituidas:
1º) cuando revocada la excarcelación, el imputado fuere constituido en prisión dentro del término que se le acordó;
2º) cuando se revoque el auto de prisión preventiva, o se sobresea en la causa, o se absuelva al imputado o se lo condene en forma condicional;
3º) cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro del término fijado.

Artículo 329º. Sustitución. Si el fiador no pudiera por motivo fundado, continuar como tal, podrá pedir al Juez que lo sustituya por otra persona que él presente.

Artículo 330º. Presunción de Fuga. Siempre que el fiador tenga motivos para temer la fuga del imputado, deberá dar aviso inmediato al Juez, y quedará liberado si aquél fuere detenido; pero si los hechos afirmados por él fueren falsos el Juez podrá imponerle una multa de 500 a 2.000 pesos m/n, y la caución quedará subsistente.

Artículo 331º. Caducidad. Las cauciones caducarán cuando el imputado no comparezca al ser citado durante el proceso, o se sustraiga a la ejecución de la pena privativa de libertad. En tales casos y sin perjuicio de librar orden de captura, el Juez fijará un término no mayor de diez (10) días para comparecer, notificando de ello al fiador y al imputado, y apercibiéndolos de que al vencimiento la caución se hará efectiva si el segundo no compareciere o no se justificara un caso de fuerza mayor que lo impida.

Artículo 332º. Efectividad de la Caución. Al vencimiento del término prefijado, el Juez dictará una resolución inapelable, declarando caduca la caución. En la misma resolución dispondrá la ejecución del fiador, la transferencia al Estado de los fondos depositados o la venta en remate público de los inmuebles hipotecados. Los efectos públicos o papeles se enajenarán por corredores o agentes comerciales. Para la liquidación de las cauciones se procederá conforme a lo dispuesto por este Código para la ejecución civil de las condenas pecuniarias.

TITULO V

SOBRESEIMIENTO

Artículo 333º. Facultad de Sobreseer. El Juez, en cualquier estado de la instrucción, podrá dictar el sobreseimiento, total o parcial, de oficio o a pedido de parte; salvo el caso del artículo 335 inciso 1º, en que procederá en cualquier estado del proceso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 367.

Artículo 334º. Valor. El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta.

Artículo 335º. Procedencia. El sobreseimiento procederá:
1º) cuando la acción penal se haya extinguido;
2º) cuando sea evidente que el hecho investigado no ha sido cometido, o no lo ha sido por el imputado;
3º) cuando el hecho no encuadre en una figura penal;
4º) cuando resulte de un modo indudable que el imputado obró en estado de inimputabilidad, o que media una causa de inculpabilidad, justificación o excusa.

Artículo 336º. Forma y Fundamentos. El sobreseimiento se resolverá por auto, en el cual se analizarán las causales en el orden dispuesto en el artículo anterior, siempre que fuere posible.

Artículo 337º. Apelación. El auto de sobreseimiento será apelable con efecto no suspensivo dentro del término de tres (3) días por el Ministerio Fiscal. Podrá recurrir también el imputado cuando se le imponga una medida de seguridad, no se haya observado el orden establecido en el artículo 335 o se le deniegue su solicitud estando detenido. El actor civil no podrá recurrir en cuanto a la cuestión penal resuelta pudiéndolo hacer en cuanto concierne a sus intereses civiles referidos al cese de la acción civil en el proceso penal o en cuanto a las costas. (Texto s/Ley 8632/92).

Artículo 338º. Efectos. Decretado el sobreseimiento se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido, se despacharán las comunicaciones al Registro de Reincidentes y, si fuere total, se archivará el expediente y las piezas de convicción que no corresponda restituir.

TITULO VI

PRORROGA EXTRAORDINARIA

Artículo 339º. Procedencia. Si vencido el término que establece el artículo 214 y sus prórrogas ordinarias no correspondiere sobreseer, ni las pruebas reunidas fueren suficientes para disponer la elevación de la causa a juicio, el Juez resolverá de oficio o a pedido de las partes intervinientes, mediante decisión fundada, una prórroga extraordinaria de la instrucción hasta por el término máximo de un (1) año, la cual será dispuesta en función de las características de la causa y dejando constancia que presume la modificación de la situación legal al agotarse dicho plazo. El auto será recurrible ante la Cámara con efecto no suspensivo. (Conforme Ley 8326/90).

Artículo 340º. Efectos. Cuando el imputado esté detenido deberá ordenarse su inmediata libertad. El proceso continuará respecto de los co-imputados a quienes la medida no comprenda.

Artículo 341º. Sobreseimiento obligatorio. Cuando venza el término acordado en la prórroga extraordinaria, sin haberse modificado la situación que la determinó, se dictará auto de sobreseimiento. El imputado podrá instar el sobreseimiento durante el término acordado por la prórroga, siempre que se hubieran recibido pruebas a su favor.

TITULO VII

EXCEPCIONES

Artículo 342º. Enumeración. Durante la instrucción el Ministerio Fiscal y las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:
1º) falta de jurisdicción o de competencia;
2º) falta de acción porque no hubiere podido promoverse, o no lo hubiera sido legalmente, o no pudiere proseguir, o estuviera extinguida. Cuando se proceda por información sumaria o citación directa el incidente deberá deducirse ante el Juez de Instrucción.
(Nota: Durante la instrucción el Ministerio Fiscal y las partes podrán oponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: 1º) Falta de jurisdicción o de competencia. 2º) Falta de acción porque no hubiera podido promoverse, o no lo hubiera sido legalmente, o no pudiera proseguir, o estuviera extinguida. -Disposición vigente en forma transitoria, conforme art. 3, inc. 1º de la Ley 4843).

Artículo 343º. Concurrencia de Excepciones. Trámite. Si concurrieren dos o más excepciones deberán interponerse conjuntamente. El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la instrucción.

Artículo 344º. Forma y Prueba. Las excepciones se deducirán por escrito, debiendo ofrecerse, en su caso y bajo pena de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se fundan. Del escrito en que se deduzcan, se correrá vista al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas, quienes deberán expedirse dentro del término de tres (3) días.

Artículo 345º. Resolución Judicial. Evacuada la vista dispuesta por el artículo anterior, el Juez dictará auto resolutorio en el término de cinco (5) días; pero si las excepciones se fundaren en hechos que deben ser probados, se ordenará previamente la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince (15) días; vencido éste se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa, debiendo labrarse el acta respectiva en forma sintética.

Artículo 346º. Falta de Jurisdicción o de Competencia. Cuando se hiciera lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás, el juez remitirá las actuaciones al Tribunal que corresponda y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere.

Artículo 347º. Excepciones Perentorias. Cuando se hiciera lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.

Artículo 348. Excepciones Dilatorias. Cuando se hiciera lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio que se declaren las nulidades que correspondan y se continuará la causa, tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.

Artículo 349º. Recurso. El auto que resuelva la excepción será apelable dentro del tercer día.

TITULO VIII

CLAUSURA DE LA INSTRUCCION Y ELEVACION A JUICIO

Artículo 350. Vista Fiscal. Cuando el Juez hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estimara cumplida la investigación instructoria, correrá vista al Agente Fiscal por el término de diez (10) días, el que podrá prorrogarse por otro tanto cuando se trate de procesos extensos , o de casos graves o complejos.
Artículo 351. Dictamen Fiscal. El Agente Fiscal manifestará al expedirse:
1º) si la instrucción está completa, o en caso contrario, qué diligencias considera necesarias;
2º) cuando la estimare completa y a mérito de su constancia, si corresponde sobreseer o disponer una prórroga extraordinada, o elevar la causa a juicio. En este último caso el requerimiento de elevación deberá contener, bajo pena de nulidad, las generales del imputado, o en su caso los datos que sirvan para identificarlo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos; la calificación legal de los mismos.

Artículo 352º. Proposición de Diligencias. Si el Fiscal solicitare diligencias, el Juez las practicará siempre que las considere pertinentes y útiles. Luego de cumplidas, le devolverá el sumario a los fines del inciso 2º, del artículo anterior.

Artículo 353º. Notificación e Instancias. Siempre que el Fiscal requiera la elevación a juicio de una causa que originariamente sea de instrucción formal, las conclusiones de su dictamen serán notificadas al defensor del imputado. En el término de tres (3) días aquél podrá deducir excepciones no interpuestas con anteriodad, u oponerse a la elevación de la causa, instando el sobreseimiento. Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al Tribunal que corresponda, luego del vencimiento del término establecido anteriormente. Nota: Siempre que el Fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de su dictamen serán notificadas al defensor del imputado. En el término de tres (3) días aquél podrá deducir excepciones no interpuestas con anterioridad, u oponerse a la elevación de la causa, instando el sobreseimiento. Si no dedujera excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto que declarará clausurada la instrucción, al Tribunal que corresponda, luego de vencido el término establecido anteriormente (Disposición actualmente vigente en forma transitoria conforme al art. 3, inc. 1º de la Ley 4843).

Artículo 354º. Incidente. Cuando el defensor deduzca excepciones se procederá con arreglo a lo dispuesto por el Título VII del Libro II; y cuando se oponga a la elevación de la causa a juicio o inste una prórroga extraordinaria el Juez dictará, en el término de cinco (5) días, auto de sobreseimiento o de prórroga extraordinaria o de elevación a juicio.

Artículo 355º. Resolución. El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: las generales del imputado, del actor civil y del civilmente demandado; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos; su calificación legal y la parte dispositiva. Cuando hubiera varios imputados, aunque alguno de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos.

Artículo 356º. Recurso. El auto de elevación a juicio será recurrible sólo para el defensor del imputado que hubiera ejercitado el derecho acordado en el artículo 354 de este Código. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 357º. Disconformidad. Si el Agente Fiscal solicitare una prórroga extraordinaria de la instrucción o el sobreseimiento, y el Juez no estuviere de acuerdo, remitirá el proceso por decreto fundado al Fiscal de Cámara quien dictaminará con arreglo al artículo 66. La prórroga o el sobreseimiento serán obligatorios para el Juez cuando el Fiscal de Cámara se pronuncie a favor de alguna de esas soluciones. En caso contrario se correrá vista a otro Agente Fiscal, el que formulará requerimiento de elevación a juicio, de conformidad con los fundamentos del superior jerárquico.

Articulo 358º. Clausura. La instrucción quedará clausurada cuando el Juez dicte el Decreto de Elevación a juicio, o en su caso, queden firmes el auto que lo ordena o el sobreseimiento. (Texto s/Ley 8.326/90).

 
 


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