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Código Procesal Penal
Ley 4.843

Libro I - Arts. 1 al 176

     Libro II - Arts. 177 al 358
     Libro III - Arts. 359 al 453
     Libro IV - Arts. 454 al 507

Boletín Oficial, 15 de Diciembre de 1969.

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

APLICACION DE LA LEY

Artículo 1º. Garantías Constitucionales. Nadie podrá ser juzgado por otros Jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentadas; ni penado sino en virtud de proceso previo, substanciado conforme a las disposiciones de esta ley; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Artículo 2º. Validez Temporal. Las leyes procesales penales se aplicaran desde su publicación, aun en procesos por delitos anteriores cuyas sentencias no están ejecutoriadas, salvo disposiciones en contrario.

Artículo 3º. Interpretación Restrictiva. Toda disposición de este Código, que limite el ejercicio de un derecho, o coarte la libertad personal o establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente.

Artículo 4º. In Dubio Pro Reo. En caso de duda, deberá estarse siempre a lo que sea mas favorable al imputado.

Artículo 5º. Normas Practicas. El Superior Tribunal de Justicia dictara, de oficio o a solicitud de los otros Organos de la Administración de Justicia, las normas practicas que sean necesarias para aplicar este Código.

TITULO II

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

CAPITULO I

ACCION PENAL

Artículo 6º. Naturaleza. Acción Pública Promovible de Oficio. Salvo en los casos de acción privada, previstos por el Código Penal, la acción penal es pública y se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse o hacerse cesar, excepto expresa disposición legal en contrario.

Artículo 7º. Acción Dependiente de Instancia Privada. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, no se podrá iniciar, si el ofendido por el delito, o en orden excluyente su representante legal, su tutor, curador o guardador, no formulan denuncia ante la autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador, quien tenga al menor, por cualquier motivo, a su cuidado. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.

Artículo 8º. Acción Privada. La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece.

Artículo 9º. Obstáculos al Ejercicio de la Acción Penal. Si el ejercicio de la acción penal dependiere de desafuero, juicio político o enjuiciamiento previo, se observarán las condiciones y los límites establecidos por la ley.

Artículo 10º. Regla de No Prejudicialidad. Los Tribunales deberán resolver, conforme a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.

Artículo 11º. Cuestiones Prejudiciales. Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial, establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.

Artículo 12º. Apreciación. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Tribunal podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe. Si el auto que ordena o niega la suspensión, fuere dictado por el Juez de instrucción, procederá recurso de apelación.

Artículo 13º. Juicio Civil Necesario. El juicio previo a realizarse en otra jurisdicción, podrá ser promovido y proseguido por el Ministerio Fiscal, con citación de todas las partes interesadas.

Artículo 14º. Libertad del Imputado. Diligencias Urgentes. Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.

CAPITULO II

ACCION CIVIL

Artículo 15º. Ejercicio. La acción civil para la restitución del objeto materia del delito o la indemnización o reparación del daño causado por el mismo, podrá ser ejercida sólo por el damnificado aun cuando sea coimputado en el mismo proceso, o sus herederos en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del delito y en su caso contra el tercero civilmente demandado. Texto según Ley 8.326/90.

Artículo 16º. Ejercicio por el Defensor Oficial. La acción civil podrá ser ejercida por el Defensor Oficial, con las mismas atribuciones de un representante, cuando el titular de aquella sea incapaz o tenga quien lo represente, o para hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, o acredite estado de pobreza y expresamente delegue su ejercicio.

Artículo 17º. Oportunidad. La acción civil sólo podrá ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la acción penal, en cuyo caso la competencia del Tribunal Penal para conocer de la primera, depender de la subsistencia de la segunda.
La absolución del acusado impedir que el Tribunal de juicio se pronuncie sobre la acción civil en la sentencia, ni la ulterior extinción de la acción penal impedir que el Superior Tribunal se pronuncie sobre la civil.

Artículo 18º. Ejercicio Posterior. Si la acción penal no pudiera proseguir por rebeldía o locura del imputado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva.

TITULO III

EL JUEZ

CAPITULO I

JURISDICCION

Artículo 19º. Ejercicio, Extensión y Carácter. La jurisdicción penal se ejercerá por los Jueces y Tribunales que la Constitución y la ley instituyen, se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar, y ser improrrogable.

Artículo 20º. Jurisdicciones Especiales. Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional.
Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos. No obstante ello, el proceso de jurisdicción provincial podrá substanciarse simultáneamente con el conexo, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado.

Artículo 21º. Jurisdicciones comunes. Si a un persona se le imputara un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción de otra Provincia, ser juzgado primero en E ntre Ríos, si el delito imputado fuero de mayor gravedad, o siendo ésta igual, aquél se hubiere cometido anteriormente. Del mismo modo se proceder en casos de delitos conexos, pero el Tribunal, si lo estimara conveniente, podrá suspender el tramite del proceso o diferir su decisión, hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.

Artículo 22º. Unificación de Penas. Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas (Código Penal, art. 58), el Tribunal solicitar o remitir copia de la sentencia según que haya dictado la pena mayor o menor, respectivamente.

CAPITULO II

COMPETENCIA

SECCION 1ª

Competencia Material

Artículo 23º. Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia juzgará de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.

Artículo 24º. Cámara en lo Criminal. La Cámara en lo Criminal juzgará:
1º) En única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro Tribunal;
2º) Del recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Instrucción y Jueces de Menores, y de los casos previstos por los artículos 214 y 339.

Artículo 25º. Juez de Instrucción. El Juez de Instrucción investigará los delitos por los que proceda instrucción formal, y decretará las medidas que correspondan durante la información sumaria previa a la citación directa.
(Nota: El Juez de Instrucción investigará los delitos de competencia criminal y correccional, según las reglas establecidas en este Código (disposición de aplicación transitoria según art. 3º Inc. 1 de la Ley 4.843).

Artículo 26º. Juez Correccional. El Juez Correccional juzgará en única instancia de los delitos que la ley reprima con pena de prisión que no exceda de tres (3) años, aunque el imputado sea reincidente. Igualmente aquellos sancionados con multa de hasta (*) pesos arg. 25.000.000 o inhabilitación. Se exceptúan de lo establecido los casos en que sea probable la aplicación del artículo 52 del Código Penal, como así también aquellos a que hace mención el artículo siguiente. Sin perjuicio de lo determinado, serán también de competencia del Juez Correccional las causas originadas por la comisión del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal, en cualquiera de sus formas.
Nota: (*) Por acuerdo del 17/3/93, conforme a las facultades del art. 2º del D.L. 6881/82, el monto de las multas del art. 26º quedó establecido en Pesos Cinco Mil Trescientos sesenta y siete ($ 5.367) y vigente entre el 1º de abril y el 30 de setiembre de 1993.

Artículo 27º. Juez de Menores.El Juez de Menores investigará y juzgará en única instancia los delitos cometidos por menores que no hayan cumplido 18 años al tiempo de la comisión de aquellos, salvo que en la comisión del delito hubiera intervenido un mayor de esa edad. Practicara asimismo en los casos de abandono material o moral o peligro moral o de simple inconducta, los sumarios pertinentes para resolver sobre la persona o los derechos del menor.

Artículo 28º. Juez de Paz Letrado. Si en el territorio de su competencia no hubiera un Tribunal de jerarquía superior con funciones instructoras, el Juez de Paz Letrado podrá recibir, si se le solicita en el caso del art. 189 Inc. 7º, declaraciones testificales bajo juramento o promesa de decir verdad; sin perjuicio de practicar las diligencias que le encomienden los jueces competentes; debiendo remitir las actuaciones en el término de tres (3) días.

Artículo 29º. Juez de Paz Lego. Si en el territorio de su competencia no hubiera Juez de Paz Letrado, el Juez de Paz Lego practicar las medidas atribuidas a aquél por el artículo anterior.

Artículo 30º. Determinación. Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de hechos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 Código Penal ser competente la Cámara en lo Criminal. Cuando la ley reprima la infracción con varias especies de penas, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.

Artículo 31º. Declaración. La incompetencia por razón de la materia deber ser declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitir las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgar los delitos de competencia inferior.
Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad, deberá ser puesto sin demora a disposición del Tribunal requirente.

Artículo 32º. Nulidad. La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producir la nulidad de los actos, excepto los que no puedan ser repetidos, y salvo el caso de que un Tribunal de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.

SECCION 2ª

Competencia Territorial

Artículo 33º. Reglas para Determinarla. Será competente el Tribunal del lugar en que la acción delictiva se haya cometido. En caso de tentativa el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente el del lugar donde cesó la continuación o la permanencia.

Artículo 34º. Reglas Subsidiarias. Si se ignorare el lugar en que se cometió la acción, el Tribunal del lugar en que se procedió al arresto será preferido al de la residencia del culpable, a no ser que este último hubiera prevenido en la causa. Cuando se dude con respecto a la jurisdicción en que se hubiera cometido el hecho, será competente el Tribunal que primero prevenga en la causa.

Artículo 35º. Declaración. En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial deberá remitir las actuaciones al competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiera, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.

Artículo 36º. Efectos. La declaración de incompetencia territorial, no producirá la nulidad de los actos de instrucción cumplidos con anterioridad a ella.

SECCION 3ª

Competencia Por Conexión

Artículo 37º. Casos de Conexión. Las causas serán conexas en los siguientes casos:
1º) si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque lo fueren en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas;
2º) si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad;
3º) si a una persona se le imputaran varios delitos.

Artículo 38º. Efectos. Cuando se substancien causas por delitos de acción pública y jurisdicción Provincial aquéllas se acumularán y será competente:
1º) el Tribunal competente para juzgar el delito mas grave;
2º) si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar del primer delito cometido;
3º) si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado;
4º) en último caso, si no hubo detención, el que designe el Superior Tribunal atenta la mejor y más pronta administración de justicia. A pesar de la acumulación de causas, las actuaciones sumariales se recopilarán por separado.

Artículo 39º. Excepción a la Acumulación de Causas. No procederá la acumulación de causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo Tribunal, de acuerdo con las reglas del artículo anterior. Si correspondiere unificar las penas, el Tribunal lo hará así al dictar la última sentencia.

Artículo 40º. Tribunal Competente. Siempre que dos Tribunales se declaren simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el Superior Tribunal, salvo en la competencia de Alzada corresponda a otro Tribunal común a ambos. (Texto según Ley 8.326/90).

Artículo 41º. Promoción. El Ministerio Fiscal y las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Tribunal que consideren competente, o por declinatoria ante el Tribunal que consideren incompetente. El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultanea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el recurrente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, no haber usado el otro medio y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquélla se resuelva a su favor o sea abandonada.

Artículo 42º. Oportunidad. La cuestión podrá ser promovida durante la instrucción y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31, 35 y 382.

Artículo 43º. Inhibitoria. Cuando se promueva la inhibitoria, se observarán las siguientes normas:
1º) el Tribunal ante quien se proponga la resolverá dentro del tercer día, previa vista al Ministerio Fiscal por igual término;
2º) cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante el Superior Tribunal;
3º) cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia;
4º) el Tribunal requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio, resolverá previa vista por tres días al Ministerio Fiscal y a las partes; su resolución será apelable conforme al inciso 2º cuando haga lugar a la inhibitoria, caso en el cual los autos serán remitidos oportunamente al Tribunal que la propuso, poniendo a su disposición el imputado y los elementos de convicción que hubiere;
5º) si se negare la inhibición, el auto será comunicado al Tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista por el inciso 4º, y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia, o en caso contrario, que remita los antecedentes al Superior Tribunal;
6º) recibido el oficio expresado anteriormente el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá, sin más trámite y en el término de tres (3) días sostener o no su competencia, en el primer caso remitirá los antecedentes al Superior Tribunal, y lo comunicará al Tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, lo comunicará al competente remitiéndole inmediatamente la causa.

Artículo 44º. Declinatoria. La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 45º. Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada: a) por el Tribunal que primero conoció en la causa; b) si los dos Tribunales hubieren prevenido en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas durante los actos preliminares del juicio, suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene la instrucción suplementaria prevista en el artículo 363.

Artículo 46º. Validez de los Actos Practicados. Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán válidos, pero el Tribunal a quien correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.

Artículo 47º. Cuestiones de Jurisdicción. Las cuestiones de jurisdicción con Tribunales nacionales, de otras provincias o militares, se resolverán, en cuanto no se oponga a la ley nacional, conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.

SECCION 2ª

Extradición

Artículo 48º. Extradición Solicitada a Tribunales del País. Los Tribunales pedirán la extradición de los imputados o condenados, acompañando al exhorto copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia.

Artículo 49º. Extradición Solicitada a Tribunales Extranjeros. Si el imputado o condenado se encontrare en territorio de un Estado extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad, o a las costumbres internacionales.

Artículo 50º. Extradición Solicitada por Otros Tribunales. Los pedidos de extradición formulados por otros Tribunales serán diligenciados inmediatamente, previa vista por 24 horas al Ministerio Fiscal, siempre que reúnan los requisitos del artículo 48.

CAPITULO III

RELACIONES JURISDICCIONALES

SECCION 1ª

Cuestiones de Jurisdicción y de Competencia


CAPITULO IV

INHIBICION Y RECUSACION

Artículo 51º. Motivos. El Juez deberá inhibirse o podrá ser recusado, de conocer en la causa, cuando exista uno de los siguientes motivos:
1º) si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o dictar auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Fiscal, Defensor, mandatario, denunciante o querellante; si hubiere actuado como Perito, o conocido el hecho como testigo;
2º) si como Juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
3º) si fuere pariente, dentro de esos grados, con algún interesado, su Defensor o mandatario;
4º) si él o alguno de sus parientes en los grados preindicados, tuvieran interés en el proceso;
5º) si fuere o hubiere sido tutor, o curador, o estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados;
6º) si él o sus parientes, dentro de los grados referidos, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima;
7º) si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de Bancos Oficiales o constituidos por sociedades anónimas;
8º) si antes de comenzar el proceso, o durante el mismo, hubiere sido denunciante o acusador de alguno de los interesados, o éstos le hubieren formulado denuncia o acusación admitidas, salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entre ambos;
9º) si antes de comenzar el proceso o durante su trámite, alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución, y la acusación fuere admitida;
10º) si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso;
11º) si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;
12º) si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido beneficios de importancia de alguno de los interesados; o después de iniciado el proceso reciban dádivas o presentes, aunque fueran de poco valor.

Artículo 52º. Excepciones. No obstante el deber de inhibición o posibilidad de recusación establecida en el artículo anterior las partes podrán pedir que el Juez siga entendiendo en el proceso, siempre que el motivo no sea alguno de los que contienen los cuatro primeros incisos.

Artículo 53º. Interesados. A los fines del artículo 51 se consideran interesados el imputado, el ofendido, el damnificado, y el tercero civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que los representantes legales de los incapaces que intervengan en el proceso.

Artículo 54º. Trámite de la Inhibición. El Juez que se inhiba remitir la causa, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso de inmediato sin perjuicio de elevar los antecedentes al Tribunal que corresponda, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. El Tribunal resolverá el incidente sin trámite alguno. Cuando el Juez que se inhiba forme parte de un Tribunal Colegiado, solicitará que se admita su apartamiento.

Artículo 55º. Recusantes. Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al Juez sólo cuando exista alguno de los motivos enumerados en el artículo 51.

Artículo 56º. Forma y Prueba de la Recusación. La recusación deberá ser interpuesta bajo pena de inadmisibilidad, por escrito, indicándose los motivos en que se fundare y los elementos de prueba, si los hubiere.

Artículo 57º. Oportunidad. La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades: durante la instrucción antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación, salvo que se produzcan ulteriores integraciones del Tribunal, caso en que la recusación deberá ser interpuesta dentro de las 24 horas de ser notificada aquélla. Cuando se trate de recursos deberá interponerse, en el primer escrito que se presente o en el término de emplazamiento.

Artículo 58º. Trámite y Competencia. Si el Juez admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al Tribunal competente que previa una audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las 48 horas, sin recurso alguno.

Artículo 59º. Tribunal Competente. La Cámara en lo Criminal juzgará de la inhibición o recusación del Juez de Instrucción y del Correccional de su circunscripción. Los Tribunales colegiados, debidamente integrados, decidirán la de sus miembros.

Artículo 60º. Recusación no Admitida. Si el Juez de Instrucción o el Juez Correccional fueron r ecusados y no admitieran el motivo para ello, continuarán la investigación aun durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación los actos serán declarados nulos siempre que lo pidiera el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ello.

Artículo 61º. Recusación de Secretarios. Los Secretarios deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos que expresa el artículo 51, y el Tribunal ante el cual actúen resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno, previa investigación verbal del hecho.

Artículo 62º. Efectos. Producida la inhibición o aceptada la recusación el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquellas, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.

TITULO IV

EL MINISTERIO FISCAL

Artículo 63º. Funciones. El Ministerio Fiscal promoverá y ejercitará la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigirá la Policía Judicial, y practicará la información sumaria previa a la citación directa.
Nota: El Ministerio Fiscal promoverá y ejercitará la acción penal en la forma establecida por la ley y dirigirá la Policía Judicial (disposición de aplicación transitoria s/art. 3º inc. 1º de la ley 4843).

Artículo 64º. Atribuciones del Fiscal de Cámara. Además de las funciones generales acordadas por la ley, el Fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo, y podrá llamar al Agente Fiscal que haya intervenido en la instrucción en los siguientes casos:
a) cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate;
b) cuando esté en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le sea imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación.

Artículo 65º. Atribuciones del Agente Fiscal. El Agente Fiscal actuará ante los Jueces de Instrucción, Correccional y de Menores, practicará la información sumaria y cumplirá la función atribuida por el artículo anterior.
Nota: El Agente Fiscal actuará ante los Jueces de Instrucción, en lo Correccional y de Menores, y cumplirá con la función atribuida por el artículo anterior (disposición de aplicación transitoria s/art. 3º inc. 1º de la ley 4843).

Artículo 66º. Forma de Actuación. Los representantes del Ministerio Fiscal formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del Juez; procederán oralmente en los debates, y por escrito en los demás casos.

Artículo 67º. Poder Coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal dispondrá de los poderes acordados al Juez por el artículo 122.

Artículo 68º. Inhibición y Recusación. Trámite. Los miembros del Ministerio Fiscal deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los Jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8º y en el 10º: del artículo 51. La recusación, en caso de no ser aceptada la verdad del motivo invocado, será resuelta por el Tribunal ante el cual actúe el funcionario recusado. En cuanto al trámite se aplicarán las disposiciones referentes a los Jueces.

TITULO V
PARTES Y DEFENSORES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCION 1ª

El imputado

Artículo 69º. Calidad de Imputado e Instancia. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, la persona que fuere detenida o indicada como partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento. Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionado encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al magistrado competente.

Artículo 70º. Derecho del Imputado. La persona a quien se le imputa la comisión de un delito por el cual se ha iniciado proceso, tiene derecho aun antes de ser indagado, a presentarse al Tribunal personalmente o por intermedio de un defensor aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio sean pertinentes y útiles.

Artículo 71º. Identificación. La identificación del imputado se practicará en la primera oportunidad y en todo caso después de su indagatoria, por las generales que suministre y mediante la oficina técnica respectiva, por sus impresiones digitales y señas particulares. Si se negare a dar sus generales o las diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos en la forma prescripta para los reconocimientos o por otros medios que se juzgaren convenientes.

Artículo 72º. Identidad Física. Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.

Artículo 73º. Incapacidad. Si el imputado fuere sometido a medida provisional de seguridad, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o, si no lo hubiere, por el Defensor Oficial sin perjuicio de la intervención correspondiente a los Defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de 18 años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor.

Artículo 74º. Incapacidad Sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el Juez ordenará la suspensión de la causa y la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le dará cuenta semestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión impedirá el interrogatorio del imputado y el juicio contra él, sin perjuicio de que averigue el hecho o que se prosiga la causa contra los coprocesados. Si el imputado curare, la causa continuará.

Artículo 75º. Examen Mental Obligatorio. El imputado será sometido a examen mental siempre que el delito que se le atribuye esté reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión, o cuando sea sordomudo, menor de 18 años o mayor de 70 años o cuando sea probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.

SECCION 2ª

Rebeldía

Artículo 76º. Casos en que Procede. Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se ausentare, sin licencia del Tribunal, del lugar asignado para su residencia.

Artículo 77º. Declaración. Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia, el Tribunal declarará la rebeldía por auto, y expedirá orden de detención, si antes no se hubiera dictado.

Artículo 78º. Efectos sobre el Proceso. La declaración de rebeldía no suspenderá el tramite del sumario. Si fuera declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde, y continuará para los coimputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.

Artículo 79º. Efectos sobre la Excarcelación y las Costas. La declaración de rebeldía, implicará la revocatoria de la excarcelación y obligará al imputado al pago de las costas causadas por el incidente.

Artículo 80º. Justificación. Si el imputado se presentara con posterioridad a la declaración de su rebeldía o fuere detenido y justificare que no concurrió a la citación judicial a causa de un grave y legítimo impedimento, la declaración de rebeldía será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA

EL ACTOR CIVIL

Artículo 81º. Constitución en Parte. Para emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en parte civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, sólo podrán actuar si son representadas, autorizadas o asistidas, en las formas prescriptas por la ley civil.

Artículo 82º. Forma del Acto. La constitución en parte civil podrá hacerse, personalmente o por mandatario, por medio de escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: las generales y el domicilio legal del accionante; a que proceso se refiere; los motivos en que la acción se funda, indicando el daño que reclama y a que título lo hace; y la petición de ser tenido por parte.

Artículo 83º. Demandados. La constitución procederá aun cuando no estuviera individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida contra uno o varios de ellos; pero si el actor no mencionare a ninguno, se entenderá que se dirige contra todos.

Artículo 84º. Oportunidad. La constitución en parte civil podrá hacerse: cuando se proceda por instrucción formal o judicial, antes de la resolución firme que disponga la elevación de la causa a juicio; cuando se proceda por información sumaria o citación directa hasta el requerimiento de citación a juicio. En el segundo caso, el Agente Fiscal se limitará a ordenar las notificaciones que correspondan a la instancia respectiva y a disponer, en su caso, con la intervención del Juez de Instrucción, el embargo de bienes.
(Nota: La constitución en parte civil podrá hacerse antes de la resolución firme que disponga la elevación de la causa a juicio -disposición de aplicación transitoria conforme art. 3º inc. 1º de la ley 4843)-.

Artículo 85º. Facultades. El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar la existencia del hecho delictuoso, el daño que pretende haber sufrido y la responsabilidad civil del imputado y del tercero que intervenga como demandado civil.

Artículo 86º. Notificación. La constitución del actor civil deberá ser notificada al Defensor del imputado y al civilmente responsable que se demandará, y producirá efectos a partir de la última notificación. En el caso del artículo 83, primera parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado y éste elija su Defensor.

Artículo 87º. Oposición en la Instrucción Formal. Cuando se proceda por instrucción formal, los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro de los tres (3) días a contar de su respectiva notificación, pero cuando el civilmente responsable sea citado o intervenga con posterioridad, podrá hacerlo dentro de dicho término a contar de su citación o intervención.
(Nota: Los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro de los tres (3) días a contar de su respectiva notificación; pero cuando el civilmente responsable sea citado o intervenga con posterioridad, podrá hacerlo dentro de dicho término a contar de su citación o intervención -disposición de aplicación transitoria s/art. 3º inc. 1º de la Ley 4843).

Artículo 88º. Tramite. El incidente de oposición seguirá el tramite de las excepciones; pero si en el momento de ser deducido, aquél retardara la clausura de la instrucción, el Juez podrá diferirlo para la etapa preliminar del juicio.

Artículo 89º. Oposición en Caso de Citación Directa. Cuando se proceda por citación directa, la oposición sólo podrá deducirse bajo pena de caducidad ante el Tribunal de juicio y dentro del término de los tres (3) primeros días desde que las actuaciones se radicaron en aquél. El incidente seguirá el tramite establecido por el artículo anterior.
(Nota: De aplicación en suspenso de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3º inc. 2º de la Ley 4843).

Artículo 90º. Constitución Definitiva e Irreproductibilidad. Cuando no se dedujera oposición en las oportunidades que establecen los artículos precedentes, la constitución del actor civil será definitiva, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente. La aceptación o rechazo del actor civil, en cuanto a su pretensión de ser tenido por parte, no podrán ser reproducidos en el debate.
(Nota: Cuando no se dedujere oposición, la constitución del actor civil será definitiva, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente. La aceptación o rechazo del actor civil, en cuanto a su pretensión de ser tenido por parte, no podrá reproducirse durante el debate -disposición de aplicación transitoria s/art. 3º inc. 1º de la Ley 4843).

Artículo 91º. Rechazo y Exclusión de Oficio. Durante la instrucción formal o los actos preliminares al juicio, el Tribunal podrá rechazar o excluir de oficio al actor civil cuya intervención fuere manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiere sido concedida al resolverse un incidente de oposición. Cuando esta facultad hubiere sido ejercida por el Juez de Instrucción, su resolución será apelable.

Artículo 92º. Efectos de la Resolución. La resolución que rechace o excluya al actor civil, no impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción respectiva.

Artículo 93º. Desistimiento. El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera ocasionado. Se tendrá por desistida la acción civil cuando el actor no formule su demanda en el plazo legal establecido, o cuando debidamente citado no comparezca a la primera audiencia del debate, o no presente conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberlas concretado oportunamente.

Artículo 94º. Efecto del Desistimiento. El desistimiento importa renuncia de la acción civil que se ha hecho valer.

Artículo 95º. Deber de Atestiguar. La intervención de una persona como actor civil, no la exime del deber de declarar como testigo.

SECCION SEGUNDA

El Querellante Particular

Artículo 95º bis. Querellante particular – Legitimación. Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrán derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que este Código establezca. Cuando se tratare de un incapaz, actuará por él su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer este derecho las siguientes personas: el cónyuge supérstite, sus herederos forzosos, la persona que haya convivido en aparente matrimonio con el difundo, los parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive o su último representante legal.
También podrán representar a la víctima cuando a consecuencia del hecho hubiere sufrido lesiones que transitoriamente le impidan manifestar su voluntad de ejercer la acción, sujeto a la ratificación del mandato cuando recupere su capacidad para manifestarse al respecto. Los actos jurídicos procesales efectuados durante ese período serán considerados como válidos, firmes y consentidos.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.
(Art. conforme Ley 9690)

Artículo 95º ter. Requisitos de la Instancia. La pretensión de constitución deberá formularse por escrito, personalmente o por representante con poder especial y patrocinio letrado. Bajo pena de inadmisibilidad contendrá:
1) Nombre y apellido, documento nacional de identidad y domicilio real y legal del particular.
2) Relación suscinta pero clara de los hechos en los cuales se funda la pretensión.
3) Nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del o los imputados, si los conociere.
4) La acreditación de la personería invocada.
5) La solicitud específica de ser tenido como parte querellante y la firma.

Artículo 95º quater. Oportunidad y Trámite. La constitución podrá realizar a partir de iniciada la instrucción formal, hasta antes de la resolución firme que disponga la elevación de las actuaciones a juicio. Si se rechazara, podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Criminal competente, artículo 24, Inc. 2 y 470 del C.P.P.. En lo pertinente se aplicarán los artículos 84, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 del C.P.P..

Artículo 95º quinto. Unidad de Representación, Responsabilidad, Desistimiento. Si los querellantes son varios y no tienen intereses contrapuestos deberán unificar representación. Se ordenará de oficio si no hubiese acuerdo voluntario. El querellante particular contrae la responsabilidad que corresponda con su presentación y quedará sometido a la jurisdicción del Juez o Tribunal interviniente en todo lo referido a la instancia por él promovida y a sus consecuencias. Podrá desistir expresamente de la instancia en cualquier estado del proceso cargando con las costas, pero quedará sujeto a la responsabilidad derivada de sus actos anteriores. Se considerará que desiste de su intervención cuando no formule requerimiento de elevación a juicio u observaciones respecto de la requisitoria fiscal respectiva, o si se ausenta y no formula acusación en la etapa de la discusión final (Art. 400 del C.P.P.).

Artículo 95º sexto. Atribuciones y Límites de su Actuación. El querellante particular tendrá acceso a las actuaciones cumplidas en las distintas etapas de la prevención policial y el proceso, debiendo ser notificado de las resoluciones de archivo, falta de mérito, procesamiento, prisión preventiva, sobreseimiento, dictamen fiscal del artículo 351 del C.P.P., resoluciones de los Arts. 355 y 360 del C.P.P., eximición de prisión, excarcelación, cese de prisión y de toda otra donde deba ser anoticiado el Ministerio Fiscal, pudiendo respecto de ellas formular observaciones, hacer reservas e interponer los mismos recursos que puede deducir dicho Ministerio, en las condiciones formales que correspondan. Le serán aplicables los artículos 66, 204, 206, 214 última parte; 306, 310, 326, 337 - 1ª Parte; 339; 342; 352; 361; 364, 382, 396, 400, 479, 4941 535, 54 y 551 del C.P.P..

Artículo 95º séptimo. Deber de Atestiguar. La intervención como querellante particular no exime de la obligación de comparecer y declarar como testigo en el proceso.

Artículo 95º octavo. Insolvencia. Si quienes tuvieran intención de constituirse como parte querellante carecieren de recursos, podrán contar con la asistencia de un abogado de la lista de defensores oficiales prevista en los Arts. 137º a 140º de la Ley Orgánica de Tribunales, previa designación que hará el Juez competente, ante quien deberán acreditar a satisfacción su situación de pobreza.


CAPITULO III

EL CIVILMENTE DEMANDADO

Artículo 96º. Citación. Las personas que según las leyes civiles respondan por el imputado, del daño que causara el delito, podrán ser citadas para que intervengan en el proceso.

Artículo 97º. Solicitante y Oportunidad. Esta citación podrá hacerse a solicitud de quien ejerza la acción civil, en la oportunidad que señala el artículo 84, y ella deberá notificarse al defensor del imputado.

Artículo 98º. Forma. La citación contendrá el nombre y domicilio del accionante y del citado o la designación de este último cuando se trate de una persona jurídica y la indicación del proceso en que se debe comparecer.

Artículo 99º. Nulidad. La citación del civilmente demandado será nula cuando contenga omisiones o errores esenciales que hayan podido perjudicar su defensa, restringiéndole la audiencia o la prueba. Esta nulidad no influirá en la marcha del proceso, ni perjudicara el ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción respectiva.

Artículo 100º. Rebeldía. Cuando el demandado civil no comparezca hasta el plazo de citación a juicio, podrá ser declarado rebelde, a petición de parte interesada. Pero tal resolución no suspenderá el procedimiento, que continuará como si aquel estuviera presente. Si el tercero civilmente demandado fue citado por edictos, se le nombrará un representante oficial.

Artículo 101º. Intervención Voluntaria. Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, el civilmente demandado podrá comparecer voluntariamente hasta el tercer día subsiguiente a que las actuaciones se radicaron en el Tribunal de juicio. Esta participación deberá solicitarse en la forma que establece el artículo 82 y el decreto que la acuerde será notificado a las partes.

Artículo 102º. Caducidad. La exclusión o el desistimiento del actor civil harán caducar la intervención del civilmente demandado.

Artículo 103º. Oposición. A la intervención del civilmente demandado podrán oponerse el citado, o quien, sin haber pedido su citación ejerza la acción civil. Este incidente se deducirá y tramitará, en la forma, oportunidades y términos establecidos para oponerse a la constitución del actor civil.

Artículo 104º. Exclusión. Serán también aplicables con respecto al civilmente demandado los artículos 90 y 91, pero cuando su exclusión haya sido pedida por el actor civil, éste no podrá intentar nueva acción contra aquél.

Artículo 105º. Derechos y Garantías. El civilmente demandado gozará, desde su intervención en el proceso y en cuanto concierna a sus intereses civiles, de los derechos y garantías concedidos al imputado para su defensa.

CAPITULO IV

DEFENSORES Y MANDATARIOS

Artículo 106º. Derechos del Imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el Defensor Oficial. Podrá defenderse personalmente cuando el imputado sea abogado de la matrícula. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69, párrafo 2º de este mismo Código, si el imputado estuviere privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante el Juez proponiéndole un defensor. El Juez en tal caso comunicara a la autoridad prevencional para que se abstenga de recibirle declaración hasta tanto se haga comparecer al imputado al Tribunal a los fines de la ratificación de la propuesta y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 108 y 149 de este Código. De la resta de la ratificación, el Juez comunicará a la autoridad prevencional para la continuidad de las actuaciones referentes a la declaración policial del imputado. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 107º. Número de Defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterara términos ni trámites.

Artículo 108º. Obligatoriedad. El cargo de defensor, una vez aceptado es obligatorio, salvo excusación atendible. Cuando se nombre defensor a un abogado de la matrícula en sustitución del Defensor Oficial, la aceptación será siempre obligatoria.

Artículo 109º. Defensa de Oficio. Cuando el imputado no elija oportunamente defensor, el Tribunal lo nombrara de oficio, salvo que lo autorice a defenderse personalmente.

Artículo 110º. Nombramiento Posterior. La designación del Defensor de Oficio, no perjudica el derecho del imputado para elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.

Artículo 111º. Defensor Común. La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuere advertida el Tribunal proveerá, aun de oficio, a las sustituciones necesarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.

Artículo 112º. Otros Defensores y Mandatarios. Las partes civiles podrán estar en el proceso personalmente y con patrocinio letrado o por mandatario con poder general o especial. Al efecto serán aplicables las disposiciones de la Ley 8.131/88. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 113º. Sustitución. Los defensores de las partes podrán designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento legítimo. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor, y no tendrá derecho a prórroga de plazos o audiencias.

Artículo 114º. Abandono. En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el Defensor Oficial y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando ello ocurra poco antes del debate o durante él, el defensor nombrado podrá pedir una prórroga por un máximo de tres (3) días para el comienzo o continuación de la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aun cuando el Tribunal conceda intervención a otro Defensor particular, la que dejará subsistente la del Defensor Oficial. El abandono de los Defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.

Artículo 115º. Sanciones. El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser sancionado con multas de hasta veinte "juristas", además de la separación de la causa. El Superior Tribunal podrá imponer al Defensor o mandatario una suspensión de hasta un (1) año, según la gravedad de la falta. El abandono de la defensa constituye falta grave y obliga al que incurre en ella a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones, las que sólo serán apelables cuando las dicte el Juez.

CAPITULO V

LA VICTIMA

Artículo 115º bis. Derechos y atribuciones. Las autoridades y magistrados intervinientes en los procedimientos penales garantizarán plenamente a quienes aparezcan como damnificados o víctimas, aunque no cuenten con asistencia letrada, los siguientes derechos;
1) A recibir trato digno y respetuoso, con salvaguarda de su intimidad y decoro, reduciendo al mínimo las molestias que deban irrogarse como consecuencia inevitable de las investigaciones.
2) A la protección de su seguridad, la de sus familiares y de los testigos que depongan en su favor, preservándolos de actos intimidatorios o de represalias, sobre todo si se investigan actos de delincuencia organizada.
3) Al pago de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente lo disponga.
4) A ser oportuna y cabalmente informado sobre la marcha de los procedimientos y el resultado de la actividad de la investigación, la situación del imputado, las facultades que pueden ejercer en especial la de constituirse en actor civil y querellante particular, a ser acompañado por letrado o persona de su confianza, a la documentación fehaciente y exhaustiva de las lesiones o daños que se sostiene haber padecido, debiendo notificarse del archivo, falta de mérito u sobreseimiento, como asimismo de la fecha, hora y lugar del debate oral, y de la sentencia emitida cuando no compareciere al juicio.
5) A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y al cese de la situación antijurídica producida por el ilícito en las cosas de su propiedad o tenencia, según ello corresponda conforme a la legislación adjetiva y de fondo.
6) A obtener la desestimación de la denuncia o archivo, la falta de mérito o el sobreseimiento a través de su legitimación para recurrir en las mismas condiciones que el Ministerio Público Fiscal, el querellante particular y el actor civil.
7) A reclamar por demora, ineficacia o negligencia en las investigaciones ante el Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General de ese Alto Cuerpo, debiendo los mismos investigar las actuaciones de los funcionarios y Magistrados involucrados.

TITULO VI

ACTOS PROCESALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 116º. Idioma. En los actos procesales deberá usarse el idioma castellano, bajo pena de nulidad.

Artículo 117º. Oralidad de las Declaraciones. El que deba declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el Juez lo autorice para ello, si así lo exigiera la naturaleza de los hechos. Primero será invitado a manifestar cuanto conozca sobre ellos, y después, si fuere necesario, se le interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas o sugestivas.

Artículo 118º. Declaración de Sordos, M udos y Sordomudos. Para hacer jurar y examinar a un sordo, se le presentaran por escrito las fórmulas del juramento o promesa de decir verdad, las preguntas y observaciones, para que jure y responda oralmente; si se tratare de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieran darse a entender por escrito, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

Artículo 119º. Fecha. Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, el día, mes y año en que se cumpla. La hora será consignada sólo cuando especialmente se la requiera. Si la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad ésta sólo existirá cuando aquélla no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con él.

Artículo 120º. Día y Hora. Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, excepto los de instrucción y debate, pero el Tribunal podrá habilitar todos los inhábiles que estime necesarios para evitar dilaciones perjudiciales.

Artículo 121º. Juramento. Cuando se requiera juramento o promesa de decir verdad será recibido, según corresponda, por el Juez o por el Presidente del Tribunal, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quien se hallara de pie, será instruido de las penas correspondientes al falso testimonio y prometerá decir verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado, mediante la fórmula "sí juro".

CAPITULO II

ACTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 122º. Poder Coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.

Artículo 123º. Asistencia del Secretario. El Tribunal será asistido por el Secretario en el cumplimiento de todos sus actos.

Artículo 124º. Resoluciones. Las decisiones del Tribunal serán dadas por sentencia, auto y decreto. Sentencia es la decisión que después del debate pone término al proceso.
Auto es la decisión pronunciada a instancia de parte o de oficio, en el curso de la instrucción, del juicio o de la ejecución, sobre un incidente o artículo del proceso, salvo las excepciones que se establecen. Decreto es la decisión pronunciada en el curso del proceso, fuera de los casos mencionados en los apartados anteriores, o en aquéllos en que esta forma sea especialmente prescripta por la ley. Las sentencias y los autos serán protocolizados por el Secretario.

Artículo 125º. Motivación de las Resoluciones. Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad; los decretos deberán serio, bajo la misma sanción, cuando se exija expresamente.

Artículo 126º. Firma. Las sentencias, los autos y los decretos, deberán ser suscriptos por el Juez, todos los miembros del Tribunal o el Presidente, que actúen. Si existiese acuerdo del Tribunal Colegiado, los autos podrán emitirse con la firma de dos vocales que coincidan con el falto. El Secretado autorizara las resoluciones con su firma. La falta de firma producirá la nulidad del acto. (Texto s/Ley 8326/90).

Artículo 127º. Rectificaciones. Dentro del término de tres (3) días de dictadas, el Tribunal podrá rectificar de oficio o a instancia del Fiscal o de las partes, cualquier error u omisión material contenidos en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.

Artículo 128º. Término. Los Tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días salvo que se disponga otra cosa; las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.

Artículo 129º. Queja por Retardada Justicia. Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al Superior Tribunal, el que previo informe del Juez proveerá enseguida lo que corresponda ejercitando las facultades de superintendencia. Si la demora fuera imputable al Presidente del Superior Tribunal, la queja, podrá formularse ante este Cuerpo; y si lo fuere al Superior Tribunal, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.

Artículo 130º. Resolución Definitiva. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.

Artículo 131º. Copia Auténtica. Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. A tal fin, el Tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.

Artículo 132º. Restitución y Renovación. Si no hubiera copia de los actos, el Tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencian su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.

Artículo 133º. Copias o Informes. El Tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueran solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.

Artículo 134º. Nuevo Delito. Si durante el proceso el Tribunal tuviera conocimiento de otro delito perseguible de oficio, remitirá los antecedentes al Ministerio Fiscal.

CAPITULO III

SUPLICATORIAS, EXHORTOS,

MANDAMIENTOS Y OFICIOS

Artículo 135º. Reglas Generales. Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del Tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija respectivamente a un Tribunal de jerarquía superior, igual o inferior, o a autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial.

Artículo 136º. Comunicación Directa. Los Tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad de la Provincia, la que prestará su cooperación y expedirá los informes que le soliciten, en los plazos que se establezcan a tal fin, o en su caso, sin demora alguna.
Artículo 137º. Exhortos a Tribunales Extranjeros. Los exhortos a Tribunales extranjeros se diligenciaran por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales.

Artículo 138º. Exhortos Extranjeros. Los Tribunales diligenciarán exhortos de Tribunales extranjeros en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país.

Artículo 139º. Exhortos de Otras Jurisdicciones. Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo, previa vista fiscal y siempre que no perjudiquen la jurisdicción del Tribunal.

Artículo 140º. Denegación y Retardo. Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el Juez exhortante, podrá dirigirse al Superior Tribunal, el cual previa vista fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento según sea o no de la Provincia el Juez exhortado.

Artículo 141º. Comisión y Transferencia del Exhorto. El Tribunal exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a un Juez inferior, cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitido al Tribunal a quien se debió dirigir, si ese lugar no fuere de su competencia.

CAPITULO IV

ACTAS

Artículo 142º. Regla General. Cuando un funcionario público deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. A tal efecto el juez será asistido por el Secretario; el Fiscal por el Secretado o un Oficial de la Policía Judicial; los Funcionados de ésta por dos testigos, que podrán pertenecer a la misma repartición en caso de suma urgencia debidamente fundada, debiendo siempre aquéllos estar presentes bajo pena de inadmisibilidad durante todo el tramite del acto. (Texto s/Ley 8326/90).
Nota: Cuando un funcionario público deba dar fe de los actos realizados o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. A tal efecto el juez será asistido por el Secretario y los Funcionarios de la Policía Judicial por dos testigos que podrán pertenecer a la misma repartición en caso de suma urgencia debidamente fundada, debiendo siempre aquéllos estar presentes bajo pena de inadmisibilidad durante todo el tramite del acto -disposición de aplicación transitoria s/Ley 4843, art. 3º, ratificada por Ley 8326/90).

Artículo 143º. Contenido y Formalidades. Las actas deberán obtener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espon-táneamente o a requerimiento; y si fueron dictadas por los declarantes. Concluida o suspendida la diligencia, el acta será firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban hacerlo. Cuando alguno no pudiere o no quisiera firmar, se hará mención de ello. Si tuviera que firmar un ciego o un analfabeto se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar.

Artículo 144º. Testigos de Actuación. No podrán ser testigos de actuaciones los menores de 18 años, los dementes y los que en el momento del acto se encuentran en estado de inconsciencia o alienación mental.

Artículo 145º. Nulidad. El acta será nula si falta la indicación de la fecha o la firma del funcionado actuante o la del Secretario o testigos de actuación, o la información prevista en la última parte del artículo 143. Asimismo son nulas las enmiendas, sobre raspado o entre líneas que contenga el acta y no se hayan salvado al final de la misma.

CAPITULO V

NOTIFICACIONES, CITACIONES Y VISTAS

Artículo 146º. Regla General. Las resoluciones judiciales se harán conocer a quienes corresponda dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que el Tribunal dispusiere un plazo menor y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Artículo 147º. Personas Habilitadas. Las notificaciones serán practicadas por el Secretario o por el empleado de los Tribunales que corresponda o especialmente se designe. Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del Tribunal, la notificación se practicará por la autoridad judicial que corresponda.

Artículo 148º. Lugar del Acto. Los Fiscales y Defensores Oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes en la Secretaría del Tribunal o en el domicilio constituido. Si el imputado estuviere detenido, será notificado en la Secretaría, o en el lugar donde se halle privado de su libertad, según lo resuelva el Tribunal. Las personas que no tuvieren domicilio constituido, serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.

Artículo 149º. Domicilio Legal. Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de veinte cuadras del asiento del Tribunal.

Artículo 150º. Notificación a Defensores y Mandatarios. Si las partes tuvieren Defensor o mandatario, sólo a éstos se les efectuarán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto, exijan que se notifique a aquéllas.

Artículo 151º. Modo de la Notificación. La notificación se hará entregando a la persona a quien se deba notificar, y lo solicite, una copia autorizada de la resolución, dejándose constancia en el expediente. Si se tratare de sentencias o de autos la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.

Artículo 152º. Notificación en la Oficina. Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría, o en la oficina del Fiscal o del Defensor Oficial, se dejará constancia en el expediente, con la indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado. Si éste no quisiera o no pudiera firmar, se dejará constancia de ello, mediante expresa certificación del Secretario del Tribunal que haya ordenado notificar.

Artículo 153º. Notificación en el Domicilio. Cuando la notificación se haga en el domicilio el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias de la resolución; hará entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al proceso, pondrá constancia de ello, con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, firmando conjuntamente con el notificado. Cuando la persona que se deba notificar no fuere encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna de las personas mayores de 18 años que residan allí; prefiriendo a los parientes del interesado y a falta de ellos, a los empleados, dependientes o sirvientes. Si no se encontrare alguna de estas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, prefiriendo a los más inmediatos. En estos casos el funcionado o empleado que practique la notificación expresará en la constancia a qué persona hizo entrega de la copia y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el tercero se negare a recibir la copia o a dar su nombre y firmar, ella será fijada, lo que se hará constar, en la puerta de la casa o habitación donde deba practicarse el acto, en presencia de un testigo que firmará la diligencia. Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego.

Artículo 154º. Notificación por Edictos. Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará conocer por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en un diario de circulación sin perjuicio de que se adopten las medidas convenientes para averiguarlo. Los edictos contendrán, según el caso, la indicación del Tribunal que entiende en la causa; el nombre y apellido de las personas a notificar; el delito que motiva el proceso; el encabezamiento y parte resolutiva de la resolución que se notifica; el término dentro del cual deberá presentarse el citado, bajo apercibimiento de rebeldía; la fecha en que se expide el edicto y la firma del Secretario. Un ejemplar del diario en el que se hizo la publicación, deberá agregarse al expediente.

Artículo 155º. Disconformidad entre Original y Copia. En caso de disconformidad entre el original y la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por él recibida.

Artículo 156º. Nulidad de la Notificación. La notificación será nula:
1º) si hubiera existido error sobre la identidad de la persona notificada;
2º) si la resolución hubiera sido notificada en forma incompleta;
3º) si en la diligencia no constara la fecha, o cuando corresponda, la entrega de la copia;
4º) si faltara alguna de las firmas prescriptas.

Artículo 157º. Citación. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, el Tribunal ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, pero bajo pena de nulidad en la cédula se indicará: el Tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en que el citado deberá comparecer.

Artículo 158º. Citaciones Especiales. Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios, podrán ser citados por medio de la Policía Judicial o por telegrama colacionado o con aviso de entrega. Se les advertirá de las sanciones en caso de desobediencia judicial y que de no mediar causa justificada serán conducidos por la fuerza pública. El apercibimiento se hará efectivo de inmediato, y la incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Artículo 159º. Vistas. Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga, serán diligenciadas por las personas habilitadas para notificar, y se correrán entregando al interesado si el Tribunal lo considera conveniente, y bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenare. El Secretario o empleado hará constar la fecha del acto mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.

Artículo 160º. Notificación. Cuando no se encontrare la persona a quien se deba correr vista, la resolución será notificada conforme al artículo 153, y el término de aquéllas correrá desde el día hábil siguiente. El interesado podrá retirar de Secretaría el expediente por el tiempo que faltare para el vencimiento del término.

Artículo 161º. Término de las Vistas. Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3) días.

Artículo 162º. Actuaciones No Devueltas. Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones fueran devueltas, el Tribunal librará orden inmediata al Oficial de Justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizando a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública. Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa de 500 a 5.000 pesos m/n, sin perjuicio de la detención y el enjuiciamiento que corresponda.

Artículo 163º. Nulidad de las Vistas. Las vistas serán nulas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.

Artículo 164º. Subsanación. Sin embargo, cuando la persona a quien se haya notificado o corrido vista, se hubiera dado por enterada en el proceso del mandato judicial que dió causa a la diligencia nula, surtirá ésta, desde entonces, sus efectos como si se hubiera realizado conforme a la ley.

CAPITULO VI

TERMINOS

Artículo 165º. Continuidad y Cómputo. Los términos son continuos y en ellos se computan los días feriados. Si el término venciere en uno de éstos, se considerará prorrogado de derecho al día hábil siguiente,

Artículo 166º. Improrrogabilidad. Los términos dispuestos en relación al Ministerio Fiscal y a las partes, son perentorios e improrrogables, salvo los casos que especialmente se exceptúan.

Artículo 167º. Prórroga Especial. Si el término fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrá ser realizado durante la primera hora del día hábil siguiente.

Artículo 168º. Abreviación. El Ministerio Fiscal y las partes a cuyo favor se hubiere establecido un término, podrán renunciar o consentir su abreviación mediante manifestación expresa.

CAPITULO VII

NULIDADES

Artículo 169º. Regla General. Los actos procesales sólo serán nulos cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad.

Artículo 170º. Nulidades Generales. Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:
1º) al nombramiento, capacidad y constitución del Juez o Tribunal;
2º) a la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria;
3º) a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los caos y formas que la ley establece.

Artículo 171º. Declaración. El Tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará si fuere posible de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciera podrá declarar la nulidad a petición de parte. Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de normas constitucionales o cuando así se establezcan expresamente. (Texto según Ley 8.326/90).

Artículo 172º. Oposición. Excepto los casos en que proceda la declaración de oficio, sólo podrán oponer la nulidad el Ministerio Fiscal y las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas.

Artículo 173º. Oportunidad y Forma de la Oposición. Las nulidades sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades:
1º) las producidas en la instrucción, durante ésta o en el término de citación a juicio;
2º) las producidas en los actos preliminares del juicio, hasta inmediatamente después de abierto el debate;
3º) las producidas en el debate antes o inmediatamente después de cumplirse el acto;
4º) las producidas durante la tramitación de un recurso, hasta inmediatamente después de abierta la audiencia para informar, o en el alegato.
La instancia de nulidad será motivada bajo pena de inadmisibilidad, y el incidente se tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición salvo el caso previsto en la última parte del alegato. La instancia de nulidad será motivada bajo pena de inadmisibilidad, y el incidente se tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición salvo el caso previsto en la última parte del inciso 4º.

Artículo 174º. Modo de Subsanarlas. Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este Código, salvo las que deban ser declaradas de oficio. Las nulidades quedarán subsanadas:
1º) cuando el Ministerio Fiscal o las partes no las opongan oportunamente;
2º) cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto;
3º) si no obstante su irregularidad, el acto hubiere conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

Artículo 175º. Efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. Al declarar la nulidad el Tribunal establecerá además, a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad, por conexión con el acto anulado. El Tribunal que declare la nulidad, ordenará cuando fuere necesario y posible, la renovación, o rectificación de los actos anulados.

Artículo 176º. Sanciones. Cuando un Tribunal Superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa e imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley, o solicitadas al Superior Tribunal.

Arts. 177 al 358 Arts. 359 al 453 Arts. 454 al 507 Arts. 508 al 533
 
 


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