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Código Procesal Civil y Comercial
Ley 5.531
(Derogado)

Libro I - Arts. 1 al 306

     Libro I - Arts. 1 al 306
     Libro II - Arts. 307 al 484
     Libro III - Arts. 485 al 586
     Libro IV - Arts. 587 al 684
     Libro V - Arts. 685 al 754
     Libro VI - Arts. 765 al 802
     Libro VII - Arts. 803 al 826

Boletín Oficial, 15/05/1970

Art. 1. Apruébase y tiénese por ley de la provincia el Código Procesal Civil y Comercial, aprobado por la Comisión Especial designada por los decretos 6270/1967 , 6590/1967 y 3662/1969 . M.G. J.E., integrada por el subsecretario de Justicia Dr. Ricardo Menotti, Antonio Fiorito, en representación del Poder Ejecutivo de la provincia y los doctores Jorge A. Vuoto, Víctor A. Ferrari y Roberto David Krochik.

Art. 2. El presente código entrará en vigencia a los 30 días de su publicación oficial.

Art. 3. Autorízase la publicación de 1500 ejemplares de la edición oficial del Código Procesal Civil y Comercial imputándose el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de la provincia.

Art. 4. La presente ley, será refrendada por los ministros y firmada por los secretarios en acuerdo general.

Art. 5. Comuníquese, etc.


Anexo
Código Procesal Civil y Comercial

PARTE GENERAL

LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES

Título I - Órgano judicial

Capítulo I - Competencia

Art. 1. Carácter. La competencia atribuida a los tribunales de la provincia es improrrogable; exceptúase la competencia territorial que podrá ser prorrogada de conformidad de partes.

Art. 2. Prórroga expresa o tácita. La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declaratoria.

Art. 3. Indelegabilidad. La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.
Los jueces de 1º instancia y tribunales podrán someter directamente dichas diligencias, si fuere el caso, a los jueces de paz o alcaldes.

Art. 4. Declaración de incompetencia. Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio.
Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se procederá en la forma que dispone el art. 8 , párr. 1.

Art. 5. Reglas generales. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este código o en otras leyes, será juez competente:
1. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles en el lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola, pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que este situada cualquiera de ellas, a elección del actor.
La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.
2. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.
3. Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.
El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.
4. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
5. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados, y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.
6. En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, el del domicilio del obligado, el del domicilio del dueño de los bienes o el del lugar en que se haya administrado el principal de éstos, a elección del actor.
7. En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización; el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. Ni el fuero de atracción, ni la conexión modificarán esta regla.
8. En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, el del domicilio del presunto incapaz o, en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción.
9. En los pedidos de 2da. copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.
10. En la protocolización de testamentos, el del lugar, en donde debe abrirse la sucesión.
11. En las acciones entre socios, el del lugar del asiento único o principal de la sociedad, aunque la demanda se iniciare con posterioridad a su disolución o liquidación, siempre que desde entonces no hubieren transcurrido 2 años.
12. En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo disposiciones en contrario.

Art. 6. Reglas especiales. A falta de otras disposiciones será juez competente:
1. En los incidentes, tercerías, citación de evicción, cumplimiento de transacción celebrada en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en juicio, obligaciones de garantía y acciones accesorias en general, el del proceso principal.
2. En los juicios de separación de bienes y liquidación, de sociedad conyugal, el del juicio de divorcio, o nulidad del matrimonio.
3. En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, alimentos y litis expensas, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos.
4. En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.
5. En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquel se hará valer.
6. En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

Capítulo II - Cuestiones de competencia

Art. 7. Procedencia. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en los que también procederá la inhibitoria.
En uno y otro caso, la cuestión, sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama.
Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse otra.

Art. 8. Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente.
La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Art. 9. Planteamiento y decisión de la inhibitoria. Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.
Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al Tribunal competente para dirimir la contienda.
La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.

Art. 10. Trámite de la inhibitoria ante el juez requerido. Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición.
Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al Tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho.
Si mantuviere su competencia enviará sin otra sustanciación las actuaciones al Tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al Tribunal requirente para que remita las suyas.

Art. 11. Trámite de la inhibitoria ante el Tribunal Superior. Dentro de los 5 días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el Tribunal Superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto.
Si el juez que requirió la inhibitoria no se remitiere las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del Tribunal Superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de 10 a 15 días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión.

Art. 12. Suspensión de los procedimientos. Durante la contienda ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre lo principal salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable.

Art. 13. Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de contienda negativa o cuando 2 o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera, de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los arts. 9 a 12 .

Capítulo III - Recusaciones y excusaciones

Art. 14. Recusación. Los vocales y jueces sólo podrán ser recusados por las siguientes causas:
1. El parentesco por consanguinidad dentro del 4º y 2º de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
2. Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.
3. Tener el juez pleito pendiente con el recusante.
4. Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.
5. Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales con anterioridad a la iniciación del pleito.
6. Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, siempre que se hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
7. Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
8. Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
9. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato.
10. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento, que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer el asunto.

Art. 15. Oportunidad. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarle, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliere estos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que confiere el artículo anterior.
Si la causal fuere sobreviniente sólo podrá hacerse valer dentro del 5º día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.
Los vocales del Superior Tribunal y Cámaras de Apelaciones solo podrán ser recusados hasta el día siguiente de la primera providencia que se dicte.

Art. 16. Tribunal competente para conocer de la recusación. Cuando se recusare a uno o más vocales del Superior Tribunal y sus salas o de una Cámara de Apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el Tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la ley orgánica.
De la recusación de los jueces de 1º instancia conocerá la sala o la Cámara de Apelaciones respectiva.

Art. 17. Forma de deducirla. La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante el Superior Tribunal y sus salas o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros.
En el escrito correspondiente, se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

Art. 18. Rechazo “in limine”. Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el art. 14 o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en el art. 15 , la recusación será desechada, sin darle curso, por el Tribunal competente para conocer de ella.

Art. 19. Informe del magistrado recusado. Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un vocal del Superior Tribunal o de Cámara se le comunicará a fin de que informe sobre las causas alegadas.

Art. 20. Consecuencias del contenido del informe. Si el recusado reconociere los hechos, se le tendrá por separado de la causa.
Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.

Art. 21. Apertura a prueba. El Superior Tribunal o Cámara de Apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por 10 días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el Tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesto en el art. 155 .
Cada parte no podrá ofrecer más de 3 testigos.

Art. 22. Resolución. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá, el incidente dentro de 5 días.

Art. 23. Informe de los jueces de 1º instancia. Cuando el recusado fuere un juez de 1º instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones, dentro de los 5 días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que deba reemplazarlo para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.

Art. 24. Trámite de la recusación de los jueces de 1º instancia. Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la Cámara de Apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa.
Si los negare, la Cámara podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los arts. 21 y 22 .

Art. 25. Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado.
Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieran las causas que la originaron.
Cuando el recusado fuese uno de los vocales del Superior Tribunal o de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa él o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.

Art. 26. Recusación maliciosa. Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta $ 200, por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.

Art. 27. Excusación. Todo vocal o juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el art. 14 deberá excusarse.
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

Art. 28. Oposición y efectos. Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez subrogante entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al Tribunal de Alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.
Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Art. 29. Falta de excusación. Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.

Art. 30. Ministerio Público. Los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa dando intervención a quien deba subrogarlos.

Capítulo IV - Deberes y facultades de los jueces

Art. 31. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Son deberes de los jueces:
1. Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, y realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.
En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del ministerio público, en su caso. En ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el art. 33 , inc. 1, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revestirán carácter urgente.
b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o veinte días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.
c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará en el primer caso desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente.
d) Si transcurridos los plazos establecidos precedentemente el juez o la cámara no se hubieren expedido, podrá requerirse pronto despacho. En tal caso la resolución deberá dictarse dentro de los tres, cinco o diez días del requerimiento según se trate de los casos de los incs. a), b) o c).
Si no se resolviere dentro de los plazos establecidos el litigante podrá ocurrir en queja ante la cámara o el Superior Tribunal, según el caso, acompañando copia del escrito y haciendo saber la fecha de presentación del mismo. El Superior emplazará de inmediato por medio de oficio o telegrama al juez, si no hubiere perdido la jurisdicción, o a la cámara remisa, para que resuelva en el plazo de diez días de recibida la comunicación, aplicando a los morosos, si correspondiere, sanción disciplinaria.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este código:
a) Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.
b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.
c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.
6. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

Art. 32. Facultades disciplinarias. Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:
1. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos, u ofensivos.
2. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
3. Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y la ley orgánica. El importe de las multas que no tuvieren destino especial establecido en este código, se aplicará al que le fije el Superior Tribunal de Justicia. Hasta tanto dicho Tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal antes las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los 30 días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.

Art. 33. Facultades ordenatorias e instructorias. Aun sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán:
1. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso.
A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal disponiendo de oficio las medidas necesarias.
2. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.
3. Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión y ésta no hubiese sido consentida por las partes.
4. Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
5. Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario.
6. Mandar con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los arts. 373 a 375 .

Art. 34. Sanciones conminatorias. Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justicia total o parcialmente su proceder.

Capítulo V - Secretarios

Art. 35. Deberes. Sin perjuicio de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios, estos deberán:
1. Firmar las providencias simples que dispongan:
a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencias, rendiciones de cuentas y, en general, documentos y actuaciones similares.
b) Remitir la causa a los Ministerios Públicos, representantes del Fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.
c) Devolver escritos presentados fuera de plazo, o sin copias.
d) Dar vista de liquidaciones.
Dentro del plazo de 3 días, las partes podrán pedir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario.
2. Suscribir certificados y testimonios; y sin perjuicio de la facultad conferida a los letrados por el art. 386 suscribir los oficios ordenados por el juez, excepto los que se dirijan al presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de análoga jerarquía y magistrados judiciales.

Art. 36. Los secretarios de 1º instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el art. 14 .
Deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable.
Los secretarios del Superior Tribunal y los de las Cámaras de Apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el Tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.
En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.

Título II - Partes

Capítulo I - Reglas generales

Art. 37. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la planta urbana de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.
Este requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene.
En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada.
Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones a domicilio que no deben serlo en el real.

Art. 38. Falta de constitución y denuncia de domicilio. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del párr. 2 del art. 56 .
Allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el art. 130 .
Si no se denunciare el domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido y, en defecto también de éste se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 39. Subsistencia de los domicilios. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
Cuando no existieran los edificios quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real.
Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Art. 40. Muerte o incapacidad. Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz comprobado el hecho el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo apercibimiento dispuesto en el art. 50 , inc. 5.

Art. 41. Sustitución de parte. Si durante la tramitación del proceso una de las partes, enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los arts. 87 , inc. 1 y 88 , párr. 1.

Art. 42. Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, y no fuere aplicable el art. 4 del decreto ley 4777/1963 el juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará entre el 5 y el 20% del valor del juicio, o entre m$n 5000 y m$n 500.000, si no hubiese monto determinado y será a favor de la otra parte.

Capítulo II - Representación procesal

Art. 43. Justificación de la personería. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.
Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes salvo que el juez, a petición de parte o de oficio los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.

Art. 44. (Texto según ley 8131, art. 1 ). Presentación de poderes. Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte podrá intimarse la presentación del testimonio original.
Cuando se trate de uno o varios asuntos o juicios determinados, podrá también acreditarse la personería mediante acta o carta poder con la firma autenticada por escribano de registro, juez de paz o secretario judicial de cualquier fuero o jurisdicción. En estos dos últimos casos el otorgamiento será libre de tributos.

Art. 45. Gestor. En casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentadas o no se ratificase la gestión dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.

Art. 46. Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería. Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.

Art. 47. Obligaciones del apoderado. El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que les sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.

Art. 48. Alcance del poder. El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.
También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Art. 49. Responsabilidad por las costas. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente.
El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el letrado patrocinante.

Art. 50. Cesación de la representación. La representación de los apoderados cesará:
1. Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso el poderdante, deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder.
2. Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.
3. Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.
4. Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.
5. Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho citándolos directamente si se conocieren sus domicilios, o por edictos durante 2 días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrárseles defensor en el segundo.
Cuando el deceso o la incapacidad hubiesen llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de 10 días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los conociere.
6. Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía.

Art. 51. Unificación de la personería. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los 10 días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso.
Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Art. 52. Renovación. Una vez efectuado el nombramiento común podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.
La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario.
La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el párr. 1 del artículo anterior.

Capítulo III - Patrocinio letrado

Art. 53. Patrocinio obligatorio. Los jueces no proveerán ningún escrito de demanda, excepciones y sus contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de posiciones, o interrogatorios, ni aquellos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa si no llevan firma de letrado.

Art. 54. Falta de firma del letrado. Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese si dentro de 24 horas de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.
Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o el oficial superior, quien certificará en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado.

Art. 55. Dignidad. En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respecto y consideración que debe guardársele.

Capítulo IV - Rebeldía

Art. 56. Declaración de rebeldía. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonase el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra.
Esta resolución se notificará por cédula o, en su caso por edictos durante 2 días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio de la ley.

Art. 57. Efectos. La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso.
La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 342 , inc. 1.
Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía.

Art. 58. Prueba. Si el juez lo creyere necesario podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos, autorizados por este código.

Art. 59. Notificación de la sentencia. La sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.

Art. 60. Medidas precautorias. Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía podrán decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de las costas si el rebelde fuere el actor.

Art. 61. Comparecencia del rebelde. Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.

Art. 62. Subsistencia de las medidas precautorias. Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el art. 60 continuarán hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificar haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.
Serán aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.
Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitarán por incidente, sin detener el curso del proceso principal.

Art. 63. Prueba en 2da. instancia. Si el rebelde hubiese comparecido después del vencimiento del plazo del ofrecimiento de prueba y apelar de la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del art. 252 , inc. 5, ap. a).

Art. 64. Inimpugnabilidad de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella.

Capítulo V - Costas

Art. 65. Principio general. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.
Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Art. 66. Incidentes. En los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del artículo anterior, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratase de cuestiones dudosas de derecho.
El condenado al pago de las costas del incidente, no podrá mover otro mientras no haya depositado su importe en calidad de embargo. No estarán sujetos a este requisito de admisibilidad los incidentes suscitados en el curso de las audiencias.
Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido salvo cuando el expediente hubiese sido remitido a la cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

Art. 67. Excepciones. No se impondrán costas al vencido.
1. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.
2. Cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados.
Para que proceda la exención de costas el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

Art. 68. Vencimiento parcial y mutuo. Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

Art. 69. Pluspetición inexcusable. El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.
Si ambas partes incurrieren en pluspetición regirá lo dispuesto en el artículo precedente.
No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%.

Art. 70. Conciliación. Transacción y desistimiento. Si el juicio terminase por transacción, o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado. Si lo fuere por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiese exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia.
Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.

Art. 71. Nulidad. Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

Art. 72. Litisconsorcio. En los casos de litisconsorcio, las costas de distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.
Cuando el interés que cada uno de ellos representare en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.

Art. 73. Costas al vencedor. Cuando de los antecedentes del proceso resultase que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas.
También se impondrán las costas al vencedor prosperase la excepción de prescripción y ésta hubiere sido opuesta después de la contestación de la demanda.

Art. 74. Alcance de la condena en costas. La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación.
Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.
No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fuesen excesivos el juez podrá reducirlos prudencialmente.

Capítulo VI - Beneficio de litigar sin gastos

Art. 75. Procedencia. Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo.

Art. 76. Requisitos de la solicitud. La solicitud contendrá:
1. La mención de los hechos en que se fundara, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir,.
2. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos que no podrán ser menos e 3, ni más de 5.

Art. 77. Prueba. El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o que haya de serlo, quien podrá fiscalizarla.

Art. 78. Vista y resolución. Producida la prueba, se dará vista por 5 días comunes al peticionario y a la otra parte. Acto seguido el juez pronunciará resolución acordando el beneficio total o parcialmente o denegándolo. En el primer caso la resolución será apelable en efecto devolutivo.
No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.

Art. 79. Carácter de la resolución. La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado.
Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.
La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.

Art. 80. Beneficio provisional. Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación. Estos serán satisfechos así como las costas, en caso de denegación.
El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que se pidiere en el escrito de demanda.

Art. 81. Alcance. El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.

Art. 82. Defensa del beneficiario. La presentación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo que aquél deseare patrocinar o representar por abogado o procurador de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el secretario.
Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios al adversario condenado en costas y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en el art. 81 .

Art. 83. Extensión a otro juicio. A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar con otra persona, con citación de ésta y por el mismo procedimiento.

Capítulo VII - Acumulación de acciones y litisconsorcio

Art. 84. Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte siempre que:
1. No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.
2. Correspondan a la competencia del mismo juez.
3. Puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Art. 85. Litisconsorcio facultativo. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

Art. 86. Litisconsorcio necesario. Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandas en un mismo proceso.
Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita a litigante o litigantes omitidos.

Capítulo VIII - Intervención de terceros

Art. 87. Intervención voluntaria. Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien:
1. Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio.
2. Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.

Art. 88. Calidad procesal de los intervinientes. En el caso del inc. 1 del artículo anterior la actuación del interviniente será accesoria y subordinaria a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta.
En el caso del inc. 2 del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.

Art. 89. Procedimiento previo. El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los 10 días.

Art. 90. Efectos. En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.

Art. 91. Intervención obligada. El actor en el escrito de demanda, y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto consideraren que la controversia es común. La citación se hará en la forma dispuesta por los arts. 327 y siguientes.

Art. 92. Efectos de la citación. La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.

Art. 93. Alcance de la sentencia. En todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención el tercero, de su citación, en su caso lo afectará como a los litigantes principales.
Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable en efecto devolutivo.

Capítulo IX - Tercerías

Art. 94. Fundamento y oportunidad. Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.
La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor.
Si el tercerista dedujere la demanda después de 10 días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea.

Art. 95. Requisitos. No se dará curso a la tercería si no se probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumario, la verosimilidad del derecho en que se funda, o se prestare fianza para responder de los perjuicios que pudiere la suspensión del proceso principal.
Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera.

Art. 96. Efectos sobre el principal de la tercería de dominio. Si la tercería fuese de dominio consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería.
El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen.

Art. 97. Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho. Si la tercería fuese de mejor derecho con intervención del tercerista podrán venderse los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería, o se tratare de preferencia por inscripción en el Registro Público de boleto de compra venta de inmueble.
El tercerista será parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.

Art. 98. Sustanciación. Las tercerías se sustanciarán con quienes son partes en el proceso principal, por el trámite del juicio sumario.

Art. 99. Ampliación o mejora del embargo. Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.

Art. 100. Connivencia entre tercerista y embargado. Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez impondrá a aquel una multa cuyo importe fijará entre el 10 y 50% del monto del embargo. Si a la colusión entre tercerista y embargado se añade un hecho que la ley considera delictuoso, el juez ordenará, además, la remisión de los antecedentes a la justicia penal, pudiendo disponer la detención de los responsables hasta que comience a actuar el juez en lo criminal.
Si aparece justificado que los profesionales que hayan representado o patrocinado al tercerista conocían la connivencia, aplicará a éstos las sanciones disciplinarias que correspondan.

Art. 101. Levantamiento del embargo sin tercería. El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio y ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes, y al objeto de escriturar, en el caso de inscripción en el Registro Público de boleto de compraventa de inmueble, justificando la anotación del contrato con antelación al embargo.
Del pedido se dará traslado al embargante.
La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería.

Capítulo X - Citación de evicción

Art. 102. Oportunidad. Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción: el primero, al deducir la demanda; el segundo, dentro del plazo para oponer excepciones previas en el juicio ordinario, o dentro del fijado para la contestación de la demanda, en los demás procesos.
La resolución se dictará sin sustanciación previa. Solo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente.
La denegatoria será recurrible en efecto devolutivo.

Art. 103. Notificación. El citado será notificado en la misma forma y plazo establecido para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.

Art. 104. Efectos. La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado. El plazo para oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidos.

Art. 105. Abstención y tardanza del citado. Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél.
Durante la sustanciación del juicio, las 2 partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. En la contestación podrá invocar las excepciones que no hubiesen sido opuestas como previas.

Art. 106. Defensa por el citado. Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.

Art. 107. Citación de otros causantes. Si el citado pretendiese, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros 5 días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor.
Será admisible el pedido de citación simultánea de 2 o más causantes.
Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de 1º instancia.

Capítulo XI - Acción subrogatoria

Art. 108. Procedencia. El ejercicio de la acción subrogatoria que prevé el art. 1196 del Código Civil no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.

Art. 109. Antes de conferirse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de 10 días durante el cual éste podrá:
1. Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación.
2. Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado.
En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el ap. 1 del art. 88 .

Art. 110. Intervención del deudor. Aunque el deudor al ser citado no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el ap. 2 del art. 88 .
En todos los casos, el deudor podrá ser llamado a absolver posiciones y reconocer documentos.

Art. 111. Efectos de la sentencia. La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.

Título III - Actos procesales

Capítulo I - Actuaciones en general

Art. 112. Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.

Art. 113. Informe o certificado previo. Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario, el juez los ordenará verbalmente.

Art. 114. Anotación de peticiones. Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente firmada por el solicitante.

Capítulo II - Escritos

Art. 115. Requisitos. En todos los escritos, que serán a máquina o manuscritos con caracteres legibles fácilmente, sin claros ni enmendaduras no salvadas, se empleará exclusivamente, tinta negra o azul negra.
Deberá encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presenta, la enunciación precisa de la carátula del expediente y, en su caso, expresarse el nombre de las personas representadas.
En ningún caso las firmas podrá estar totalmente comprendidas dentro de las estampillas fiscales y siempre deberán ser aclaradas al pie. Los abogados y procuradores indicarán además el tomo, folio y número de la matrícula de su inscripción.

Art. 116. Escrito firmado a ruego. Cuando un escrito o diligencia fuere dominio a ruego del interesado, el secretario o el empleado a cargo de mesa de entradas deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.

Art. 117. Copias. De todo escrito de que deba darse vista o traslado, de sus contestaciones y de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes, o constituir nuevo domicilio, y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan. No cumplido este requisito, ni subsanada la omisión dentro del día siguiente, se tendrá por no presentado el escrito o el documento, en su caso sin que se requiera intimación previa, y se dispondrá su devolución al interesado, dejándose constancia en el expediente.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias en la secretaría.

Art. 118. Copias de documentos de reproducción dificultosa. No serán obligatoria acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra y otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.
Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que estos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.

Art. 119. Expedientes administrativos. En el caso de acompañarse expedientes administrativos, deberá ordenarse su agregación sin el requisito exigido en el art. 117 .

Art. 120. Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público.

Art. 121. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario.
El Superior Tribunal podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la firma del secretario, a continuación de la constancia del fechador.
El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, solo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las 2 primeras horas de las fijadas para la atención del público.

Capítulo III - Audiencias

Art. 122. Reglas generales. Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario se ajustarán a las siguientes reglas:
1. Serán públicas, a menos que los jueces o tribunales, atendiendo a las circunstancia del caso, dispusieren lo contrario mediante resolución fundada.
2. Serán señaladas con anticipación no menor de 3 días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. En este último caso, la presencia del juez o tribunal podrá ser requerida el día de la audiencia.
3. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.
4. Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar 30 minutos.
5. El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.

Art. 123. Versión taquigráfica e impresión fonográfica. A pedido de parte, a su costa, y sin recurso alguno, podrá ordenarse que se tome versión taquigráfica de lo ocurrido o que se lo registre por cualquier otro medio técnico, siempre que se solicitare con anticipación suficiente. El juez nombrará de oficio a los taquígrafos, o adoptará las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes podrá pedir copia carbónica del acta que firmarán todos los concurrentes y el secretario.

Capítulo IV - Expedientes

Art. 124. Préstamos. Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la Secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes:
1. Para alegar de bien probado.
2. Para practicar liquidaciones y pericias; participación de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos, redacción de escrituras públicas, copias, despachos, cédulas y mandamientos.
3. Cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada.
En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

Art. 125. Devolución. Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa de $ 3, por cada día de retardo, salvo que manifestase haberlo perdido, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el art. 127 si correspondiere.
El secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se efectuara, el juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.

Art. 126. Procedimiento de reconstrucción. Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma:
1. El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción.
2. El juez intimará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del plazo de 5 días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se dará vista a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten, a su vez las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará vista a las demás partes por igual plazo.
3. El secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o tribunal, y recabará copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos públicos.
4. Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por orden cronológico.
5. El juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considerase necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.

Art. 127. Sanciones. Si se comprobase que la pérdida de un expediente fuera imputable a algún profesional, éste será pasible de una multa entre $ 20 y $ 2000 sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

Capítulo V - Oficios y exhortos

Art. 128. Toda comunicación a jueces provinciales o nacionales se hará mediante exhorto.
Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente.
Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.
Son de aplicación en la tramitación de exhortos, de dentro o fuera de la provincia, las disposiciones pertinentes de la ley 4687 sobre trámite uniforme para exhortos.
Los jueces podrán dirigirse directamente por oficio a cualquier autoridad u oficina de la provincia, dentro o fuera del territorio de su competencia, las que practicarán los actos y evacuarán los informes que se le soliciten en el plazo que se establezca en la comunicación.

Art. 129. Comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras o de éstas. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhortos.
Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y en la reglamentación de superintendencia.

Capítulo VI - Notificaciones

Art. 130. Principio general. Salvo los casos en que proceda la notificación en el domicilio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado.
No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en Secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto.
Incurrirá en falta grave el secretario que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

Art. 131. Notificación tácita. El retiro del expediente de conformidad con lo establecido en el art. 124 , importará la notificación de todas las resoluciones.

Art. 132. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Notificación personal o por cédula. Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:
1. La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.
2. La que ordena absolución de posiciones.
3. La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.
4. Las que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta.
5. Las que ordenan intimaciones, o la reanudación de términos suspendidos, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.
6. La providencia “por devueltos” cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por efecto reanudar plazos suspendidos.
7. La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses.
8. Las que dispongan vistas de liquidaciones o rendiciones de cuenta.
9. La que ordena el traslado de la prescripción.
10. La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.
11. Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento.
12. Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba.
13. La providencia que niega o concede el recurso de apelación y los recursos extraordinarios.
14. Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley.
No se notificarán por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.
Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro de las veinticuatro horas, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.

Art. 133. Contenido de la cédula. La cédula de notificación contendrá:
1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste.
2. Juicio en que se practica.
3. Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.
4. Transcripción de la parte pertinente de la resolución.
5. Objeto claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta.
En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllas.

Art. 134. (Texto según ley 6328, art. 1 ). Firma de la cédula. La cédula será suscripta por el letrado patrocinante o el procurador de la parte que tenga interés en la notificación, o por el síndico tutor o curador “ad litem”, en su caso, quienes deberán aclarar su firma con el sello correspondiente. La presentación de la cédula en la secretaría importará la notificación de la parte patrocinada o representada.
Deberán ser firmadas por el secretario las cédulas que notifiquen embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o modificación de derechos, y las que correspondan a actuaciones en que no intervenga letrado patrocinante. El juez podrá ordenar que el secretario suscriba las cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.

Art. 135. Diligenciamiento. Las cédulas se entregarán al empleado comisionado para efectuar la notificación o se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.
La demora en la agregación de las cédulas se considerará falta grave.

Art. 136. Copias de contenido reservado. En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la notificación en el domicilio, las copias de los escritos de la demanda, contestación, reconvención, y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar el decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos.
El sobre será cerrado por personal de secretaría, con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en el último párrafo del art. 133 .

Art. 137. Entrega de la cédula al interesado. Si la notificación se hiciere en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.

Art. 138. Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Art. 139. Forma de la notificación personal. La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el notificador.
En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniere en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el art. 132 .
Si no lo hicieran previo requerimiento que les formulara el empleado a cargo de mesa de entradas, o si el interesado no supiere o no pudiera firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.

Art. 140. (Texto según ley 7391, art. 1 ). Notificación por telegrama o carta documento. A solicitud de parte, podrán notificarse por telegrama colacionado o recomendado, o por carta documento las citaciones y notificaciones que deban realizarse personalmente o por cédula con excepción de las especificadas en el inc. 1 art. 132 . Las notificaciones antes enunciadas podrán verificarse a cualquier punto del territorio nacional, sin necesidad de libramiento de exhorto u oficio.

Art. 141. (Texto según ley 7391, art. 2 ). Contenido y emisión del telegrama y de la carta documento. Las notificaciones que se practiquen por telegrama o carta documento contendrán las enunciaciones esenciales de la cédula. Se emitirán en cuádruple ejemplar, tres de los cuales bajo atestación, entregará el secretario para su envío, y el otro, con su firma, se agregará al expediente. La fecha de notificación será la de la constancia de la entrega de cualquiera de los despachos.

Art. 142. Notificación por edictos. Además de los casos determinados por este código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último caso deberá expresarse bajo juramento, que se han realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa de $ 10 a $ 200.

Art. 143. Publicación de los edictos. La publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un periódico del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido, o, en su defecto, del lugar del juicio, y se acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquéllos y del recibo del pago efectuado. A falta de periódicos en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguraren su mayor difusión. El Superior Tribunal determinará los requisitos que deberán llenar los periódicos en que se publicarán edictos.

Art. 144. Forma de los edictos. Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución.
El número de publicaciones será el que en cada caso determine este código.
La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación.

Art. 145. Notificación por radiodifusión. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado, el juez podrá ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Su número coincidirá con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió.
La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica.

Art. 146. Nulidad de la notificación. La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el funcionario o empleado que la practique.
Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El notificador no quedará relevado de su responsabilidad.
El pedido de nulidad tramitará por incidente.

Capítulo VII - Vistas y traslados

Art. 147. Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados salvo disposición en contrario de la ley, será de 5 días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite.
Toda resolución dictada previa vista o traslado, será inapelable para la parte que no los haya contestado.

Art. 148. Juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio sólo se dará vista a los representantes del Ministerio Público en los siguientes casos:
1. Luego de contestada la demanda o la reconvención.
2. Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos.
3. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen. En este caso, la vista será conferida por resolución fundada del juez.

Capítulo VIII - El tiempo de los actos procesales

Sección 1 - Tiempo hábil

Art. 149. Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.
Son días hábiles todos los del año, con las excepciones establecidas por la ley orgánica de tribunales.
Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Superior Tribunal; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son hábiles las que medien entre las 7 y las 20.
Para la celebración de audiencias de prueba serán horas hábiles las que median entre las 6 y las 19 hs.

Art. 150. Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando no fuere posible las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución solo podrá recurrirse por resposición, siempre que aquella fuera denegatoria.
Incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.

Art. 151. Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a las hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal. Cuando por cualquier motivo se declare feriado o inhábil el día en que se hubiere fijado fecha y hora para la realización de actuaciones judiciales, ellas tendrán lugar el día siguiente hábil a la misma hora, sin necesidad de notificación o publicación alguna.

Sección 2 - Plazos

Art. 152. Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios, salvo acuerdo de las partes establecido por escrito en el expediente, con relación a actos procesales específicamente determinados.
Cuando este código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Art. 153. Comienzo. Los plazos comenzarán a correr desde el día o la hora siguiente a la notificación, según fuere el fijado de días o de horas. Si se tratare de plazo común se considerará la última notificación.
No se tendrán en cuenta los días inhábiles.

Art. 154. Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes.
Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito.
Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieran imposible la realización del acto pendiente.

Art. 155. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Ampliación. Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.

Art. 156. Extensión a los funcionarios públicos. El Ministerio Público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados.

Capítulo IX - Resoluciones judiciales

Art. 157. Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal.

Art. 158. Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:
1. Los fundamentos.
2. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
3. El pronunciamiento sobre costas.

Art. 159. Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los arts. 293 , 296 y 297 , se dictarán en la forma establecida en los arts. 157 y 158 , según que, respectivamente homologuen o no el desistimiento la transacción o la conciliación.

Art. 160. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:
1. La mención del lugar y fecha.
2. El nombre y apellido de las partes.
3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.
4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.
5. Los fundamentos y la aplicación de la ley.
Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
6. La decisión expresa, positiva y precisa de conformidad, con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.
La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.
7. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.
8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios, y en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 31 , inc. 6.
9. La firma del juez.

Art. 161. Sentencia definitiva de 2da. o ulterior instancia. La sentencia definitiva de 2da o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los arts. 264 y 267 .
Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para su publicidad.

Art. 162. Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación.
Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo.
La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Art. 163. Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el art. 33 , inc. 3. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aun durante el trámite de ejecución de sentencia.
2. Corregir, a pedido de parte formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.
4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
5. Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.
6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el art. 243 .
7. Ejecutar oportunamente la sentencia.

Art. 164. Retardo de justicia. Los jueces y tribunales que, por recargo de tareas u otras razones atendibles, no pudieren pronunciar las sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por este código, y otro tanto más, deberán hacerlo saber al Superior Tribunal, con anticipación de 10 días al del vencimiento de aquéllos. El Superior si considerase admisible la causa invocada, señalará el plazo en que la sentencia debe dictarse por el mismo juez o Tribunal, o por otro cuando circunstancias excepcionales, así lo aconsejaren.
El juez o tribunal que no remitiere oportunamente la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y no sentenciare dentro del plazo legal más otro tanto, o que habiendo cursado la comunicación no pronunciare el fallo dentro del plazo que se le hubiese fijado, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio, y deberá hacerlo saber al Superior Tribunal para que éste determine el juez o tribunal que deba intervenir.
Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad.
En los tribunales colegiados el juez que hubiere incurrido en pérdida de jurisdicción deberá pasar de inmediato el proceso a quien le sigue en orden de sorteo, en cuyo caso aquéllos se integrarán de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica del Poder Judicial.
Las disposiciones de este artículo solo afectan la jurisdicción del juez titular y no a la que se ejerza interinamente por sustitución, en caso de vacancia o licencia del titular.
Al hacerse cargo del juzgado, luego de un período de vacancia, aquel podrá solicitar una ampliación general de los plazos, proporcionada al número de causas pendientes.

Art. 165. Causal de mal desempeño. La pérdida de jurisdicción en que incurrieren los jueces de 1º instancia o de cámara, conforme a lo establecido en el artículo anterior, será causal de acusación ante el jurado en los términos de la Ley de Enjuiciamiento para Magistrados si se produjere 3 veces dentro del año calendario.

Capítulo X - Nulidad de los actos procesales

Art. 166. Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.
Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
No se podrá declarar la nulidad, aun en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.

Art. 167. Subsanación. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente por la parte interesada en la declaración.
Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto.

Art. 168. Inadmisibilidad. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado.

Art. 169. Extensión. La nulidad se declarará a petición de parte quien, al promover el incidente, deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración. Los jueces podrán declararla de oficio siempre que el vicio no se hallare consentido: lo harán sin sustanciación, cuando aquel fuere manifiesto.

Art. 170. Rechazo “in limine”. Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el párr. 1 del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente.

Art. 171. Efectos. La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto.

La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla.

Título IV - Contingencias generales

Capítulo I - Incidentes

Art. 172. Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo.

Art. 173. Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este código disponga lo contrario o que así lo resolviere el juez cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada.
La resolución será irrecurrible.

Art. 174. Formación del incidente. El incidente se formará con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indicaren las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hará el secretario o el oficial superior.

Art. 175. Requisitos. El que planteare el incidente deberá fundarlo clara y concretamente en los hechos y en el derecho y ofrecer toda la prueba de que intentare valerse.

Art. 176. “In limine”. Si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite. La revolución será apelable en efecto devolutivo.

Art. 177. Traslado y contestación. Si el juez resolviere admitir el incidente, dará traslado por 5 días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba.
El traslado se notificará personalmente o por cédula dentro del tercer día de dictada la providencia que le ordenare.

Art. 178. Recepción de la prueba. Si hubiere de producirse prueba que requirese audiencia, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de 10 días; citará a los testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, solo será tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que este se encontrare.

Art. 179. Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia podrá postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de 10 días, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.

Art. 180. Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un solo perito designado de oficio.
No se admitirán más de 5 testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos.

Art. 181. Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.

Art. 182. Contestado el traslado o vencido el plazo si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el juez, sin más trámite, dictará resolución.

Art. 183. Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestimarán sin más trámites los que se entablaren con posterioridad.

Art. 184. Incidentes en procesos sumarios y sumarísimos. En los procesos sumarios y sumarísimos. regirán los plazos que fije el juez, quien asimismo adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento principal.

Capítulo II - Acumulación de procesos

Art. 185. Procedencia. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el art. 85 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictare en uno de ellos pudiere producir efectos de cosas juzgada en otro u otros.
Se requerirá además:
1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia.
2. Que el juez a quien corresponde entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. A los efectos de este inciso no se considerarán distintas las materias civil y comercial.
3. Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando se acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte el párr. 1. En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado.

Art. 186. Principio de prevención. La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.

Art. 187. Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordenará de oficio, o a petición de parte formulada por vía de excepción de litispendencia o de incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa de proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia.

Art. 188. Resolución del incidente. El incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente.
En el primer caso, el juez conferirá vista a los otros litigantes, y si considerare fundada la petición solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dictará sin más trámite resolución, contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos.
En el segundo caso, dará vista a los otros litigantes, y si considerare procedente la acumulación remitirá el expediente al otro juez, o bien le pedirá la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución será inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución será apelable.

Art. 189. Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el juez requerido no accediere, podrá plantear contienda de competencia en los términos de los arts. 9 a 12 .

Art. 190. Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspenderá, si tramitasen ante un mismo juez, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante jueces distintos, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez respectivo. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio.

Art. 191. Sentencia única. Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer, sin recurso que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia.

Capítulo III - Medidas cautelares

Sección 1 - Normas generales

Art. 192. Oportunidad y presupuesto. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.
El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funda y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Art. 193. Medida decretada por juez incompetente. Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.
Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia.
El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.

Art. 194. Trámites previos. Las informaciones para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicitaren, quienes deberán ratificarse en el acto de ser presentado aquél o en primera audiencia. Se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez encomendarlas a los secretarios.
Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal.

Art. 195. Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.
Si el afectado, no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora.
La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la concediese, lo será en efecto devolutivo.

Art. 196. Contracautela. La medida precautoria solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho.
El juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o la menor verosimilidad del derecho y las circunstancias del caso.
Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad económica.

Art. 197. Exención de la contracautela. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:
1. Fuere la Nación, una provincia, una de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada.
2. Actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Art. 198. Mejora de contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.

Art. 199. Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.

Art. 200. Modificación. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.
El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.
La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días que el juez podrá abreviar según las circunstancias.

Art. 201. Facultades del juez. El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

Art. 202. Peligro de pérdida o desvalorización. Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previa vista a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, el juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

Art. 203. Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización.

Art. 204. Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba.
Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación en el registro de la propiedad, salvo que a petición de parte se reinscribieren antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.

Art. 205. Responsabilidad. Salvo en el caso de los arts. 206 , inc. 1, y 209 , cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiese solicitado.
La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio sumario, según que las circunstancias hicieren preferible uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible.

Sección 2 - Embargo preventivo

Art. 206. Procedencia. Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en algunas de las condiciones siguientes:
1. Que el deudor no tenga domicilio en la República.
2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, certificada la firma por escribano público o abonada por información sumaria de dos testigos.
3. Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo.
4. Que la deuda justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público en el supuesto de factura conformada.
5. Que estando la deuda sujeta a condición o plazo, el actor acredite sumariamente que su deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes o siempre que justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad de su deudor después de contraída la obligación.

Art. 207. Otros casos. Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:
1. El coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.
2. El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones necesarias.
3. La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el art. 206 , inc. 2.
4. La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.

Art. 208. Demanda por escrituración. Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél.

Art. 209. Proceso pendiente. Durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:
1. En el caso del art. 60 .
2. Siempre que por confesión expresa o ficta, o en el caso del art. 342 , inc. 1, resultare verosímil el derecho alegado.
3. Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.

Art. 210. Forma de la traba. En los casos en que debe efectuarse el embargo, se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas.
Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.

Art. 211. Mandamiento. En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.
Contendrá asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Art. 212. Suspensión. Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

Art. 213. Obligación del depositario. El depositario de objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro de 24 horas de haber sido intimado judicialmente. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención.
Si no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al Tribunal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho Tribunal comenzare a actuar.

Art. 214. Prioridad del primer embargante. El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso.

Art. 215. Embargos posteriores. Los embargos que se trabaren con posterioridad, afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hubieren obtenido embargos anteriores.

Art. 216. Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo:
1. En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.
3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Ningún otro bien quedará exceptuado.

Art. 217. Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior, podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

Sección 3 - Secuestro

Art. 218. Procedencia. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.
El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable.

Sección 4 - Intervención y administración judiciales

Art. 219. Intervención judicial. Podrá ordenarse la intervención judicial, a falta de otra medida precautoria eficaz o como complemento de la dispuesta:
1. A pedido del acreedor, si hubiese de recaer sobre bienes productores de rentas o frutos.
2. A pedido de un socio, respecto de una sociedad o asociación, cuando los actos u omisiones de quienes la representan le pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro el normal desarrollo de las actividades de aquéllas.

Art. 220. Facultades del interventor. El interventor tendrá las siguientes facultades:
1. Vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes objeto de la medida no sufran deterioro o menoscabo.
2. Comprobar las entradas y gastos.
3. Dar cuenta al juez de toda irregularidad que advirtiere en la administración.
4. Informar periódicamente al juzgado sobre el resultado de su gestión.
El juez limitará las funciones del interventor a lo indispensable y, según las circunstancias, podrá ordenar que actúe exclusivamente en la recaudación de la parte embargada, sin ingerencia alguna en la administración.
El monto de la recaudación deberá oscilar entre el 10 y el 50% de las entradas brutas.

Art. 221. Administración judicial. Cuando fuere indispensable sustituir la administración de la sociedad o asociación intervenida, por divergencias entre socios derivadas de una administración irregular o de otras circunstancias que, a criterio del juez hicieren procedente la medida, el interventor será designado con el carácter de administrador judicial.
No se decretará esta medida si no se hubiese promovido la demanda por remoción del o de los socios administradores.

Art. 222. Gastos. El interventor y el administrador judiciales sólo podrán retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración, entendiéndose por tales los que habitualmente se inviertan en el bien, sociedad o asociación administrados. Los gastos extraordinarios o nombramientos de auxiliares serán autorizados por el juez previo traslado a las partes, salvo que su postergación pudiere irrogar perjuicios, en cuyo caso, después de efectuados, se dará inmediata noticia al juzgado.

Art. 223. Honorarios. Los interventores o administradores no podrán percibir honorarios con carácter definitivo hasta que la gestión total haya sido judicialmente aprobada. Si su actuación excediere de seis meses, previo traslado a las partes podrán ser autorizados a percibir periódicamente sumas con carácter de anticipos provisionales, en adecuada proporción con el honorario total y los ingresos de la sociedad o asociación.

Art. 224. Veedor. De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un veedor para que practique un reconocimiento del estado de los bienes objeto del juicio o vigile las operaciones y actividades que se ejerzan respecto de ellos, e informe al Juzgado sobre los puntos que en la providencia se establezcan.

Sección 5 - Inhibición general de bienes y anotación de litis

Art. 225. Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.
El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor; así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.
La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.
No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Art. 226. Anotación de litis. Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida.

Sección 6 - Prohibición de innovar, prohibición de contratar

Art. 227. Prohibición de innovar. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que:
1. El derecho fuere verosímil.
2. Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.
3. La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

Art. 228. Prohibición de contratar. Cuando por ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada o de los bienes objeto de juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante.
La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de 5 días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.

Sección 7 - Medidas cautelares genéricas y normas subsidiarias

Art. 229. Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Art. 230. Normas subsidiarias. Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares en lo pertinente.

Sección 8 - Protección de personas

Art. 231. Procedencia. Podrá decretarse la guarda:
1. De mujer menor de edad que intentase contraer matrimonio y de todo otro menor que intentare entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores.
2. De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos reprobados por las leyes o la moral.
3. De menores o incapaces sin representantes legales.
4. De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, tutela o curatela, o sus efectos.

Art. 232. Juez competente. La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con intervención del defensor de menores e incapaces.
Cuando existiese urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite.

Art. 233. Procedimiento. En los casos previstos en el art. 231 , incs. 2, 3 y 4, la petición podrá ser deducida por cualquier persona. Previa intervención del defensor de menores e incapaces, el juez decretará la guarda si correspondiere.

Art. 234. Medidas complementarias. Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión. Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de 30 días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite.

Capítulo IV - Recursos ordinarios

Sección 1 - Reposición

Art. 235. Procedencia. El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o Tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

Art. 236. Plazo y forma. El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto.
Si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o Tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite.

Art. 237. Trámite. El juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia.
La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin sustanciación.
Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes.

Art. 238. Resolución. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuese acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.

Sección 2 - Apelación

Art. 239. Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

Art. 240. (Texto según ley 9475, art. 1 ). Formas y efectos: El recurso de apelación será concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, en efecto suspensivo o devolutivo.
El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario y en el sumario será concedido libremente en el caso que la cámara tuviere su asiento en la misma localidad, y será fundado en las condiciones y plazos establecidos para el recurso libremente concedido. En el caso que la cámara tuviere su asiento en distinta localidad, los actos procesales de los arts. 251 , 252 , 253 y 256 se cumplirán ante el Tribunal de Primera Instancia y los actos procesales de los arts. 254 , 255 , 260 y siguientes hasta la decisión del recurso ante el Tribunal de Alzada, al que será remitido el expediente o actuación dentro del plazo de cinco días a contar del vencimiento del plazo para contestar el traslado del art. 253 , o desde la contestación del traslado en su caso.
Procederá siempre en efecto suspendido a menos que la ley disponga que lo sean en el devolutivo.

Art. 241. Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de 5 días.

Art. 242. Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el secretario o el empleado a cargo de mesa de entradas asentará en el expediente.
El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito previa anotación que el secretario o el oficial superior pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso.

Art. 243. Apelación en relación. Cuando procediere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los 5 días de notificada la providencia que lo acuerde.
Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentare memorial, el juez de 1º instancia declarará desierto el recurso.
Si cualquiera de las partes pretendiesen que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar, dentro de tres días, que el juez rectifique el error.
Igual pedido podrán las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación.
Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 268 .

Art. 244. Efecto diferido. La apelación en efecto diferido se fundará, en los juicios ordinarios y sumarios en la oportunidad del art. 252 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En el primer caso la Cámara lo resolverá con anterioridad a la sentencia definitiva.

Art. 245. Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.

Art. 246. Constitución de domicilio. Cuando el Tribunal que haya de conocer el recurso, tuviere su asiento en distinta localidad y aquél procediere libremente, en el escrito o diligencia a que se refiere el art. 242 el apelante, y el apelado dentro del quinto día de concedido el recurso, deberán constituir domicilio en dicha localidad.
Si el recurso procediere en relación, las partes deberán constituir domicilio en los escritos mencionados en el art. 243 .
En ambos casos la parte que no hubiese cumplido el requisito impuesto por este artículo quedará notificada por ministerio de la ley.

Art. 247. Efecto devolutivo. Si procediere el recurso en efecto devolutivo, se observarán las siguientes reglas:
1. Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse.
2. Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la Cámara salvo que el juez considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original.
3. Se declarará desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el apelado, se prescindirá de ellas.

Art. 248. (Texto según ley 8677, art. 2 ). Remisión del expediente o actuación. En los casos de los arts. 242 y 247 el expediente o las actuaciones se remitirán a la Cámara dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza separada en su caso mediante constancia y bajo la responsabilidad del secretario. En el caso del art. 243 dicho plazo se contará desde la contestación del traslado o desde que venció el plazo para hacerlo.
Si la Cámara tuviere su asiento en distinta localidad la remisión se efectuará dentro del mismo plazo contando desde la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el traslado o desde que venció el plazo para cumplir tales actos.
La remisión del expediente a la Alzada se efectuará por medio de la policía del lugar de asiento del Juzgado.

Art. 249. Pago del impuesto. La falta de pago del impuesto o sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del recurso.

Art. 250. Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. El Tribunal al declararla, resolverá también sobre el fondo del litigio.

Sección 3 - Procedimiento ordinario en 2º instancia

Art. 251. Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario o sumario, en el día en que el expediente llegue a la cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notificará a las partes personalmente o por cédula. El apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de 10 o de 5 días, según se tratare de juicio ordinario o sumario.

Art. 252. Fundamento de las apelaciones diferidas. Actualización de cuestiones y pedidos de apertura a prueba. Dentro del 5º día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes deberán:
1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedarán firmes las respectivas resoluciones.
2. Indicar las medidas probatorias denegadas en 1º instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los arts. 365 y 371 “in fine”. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna.
3. Presentar los documentos de que intenten valerse de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de 1º instancia o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos.
4. Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa prueba en la instancia anterior.
5. Pedir que se abra la causa a prueba cuando:
a) Se alegue un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el art. 351 o se tratare del caso a que se refiere el párr. 2 del art. 352 .
b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inc. 2 de este artículo.

Art. 253. Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incs. 1, 3 y 5, inc. a) del artículo anterior se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro del 5º día.

Art. 254. Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante la Cámara se regirán, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la 1º instancia.
Para alegar sobre su mérito, las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato será de 6 días.

Art. 255. Producción de la prueba. Los miembros del Tribunal asistirán a todos los actos de prueba, siempre que así lo hubiese solicitado alguna de las partes en los términos del art. 31 , inc. 1. En ellos llevará la palabra el presidente. Los demás jueces, con autorización, podrán preguntar lo que estimaren oportuno.

Art. 256. Informe “in voce”. Si se pretendiese producir prueba en 2º instancia dentro del 5º día de notificada la providencia a que se refiere el art. 251 , las partes manifestarán si van a informar “in voce”. Si no hicieren esa manifestación o no informaren, se resolverá sin dichos informes.

Art. 257. Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se dará traslado por 10 ó 5 días al apelado, según se trate de juicio ordinario o sumario.

Art. 258. Deserción del recurso. Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se declarará desierto el recurso y la sentencia quedará firme para él.

Art. 259. Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el apelado no contestare el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado en el art. 257 , no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá su curso.

Art. 260. Llamamiento de autos, sorteos de la causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, sustanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los arts. 252 y siguientes, se llamará autos y, consentida esta providencia, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo.

Art. 261. Libros de sorteos. La secretaría llevará un libro que podrá ser examinado por las partes, sus mandatarios o abogados, en el cual se hará constar el sorteo de las causas la fecha de remisión de los expediente a los jueces y la de su devolución.

Art. 262. Estudio del expediente. Los miembros de la cámara se instruirán cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.

Art. 263. Acuerdo. El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del Tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. Cuando todos los vocales se hallaren conformes con la sentencia apelada, podrá ser confirmada por sus fundamentos prescindiéndose de la formalidad del acuerdo.

Art. 264. Sentencia. El acuerdo se insertará en el expediente, suscripto por los vocales del Tribunal y autorizado por el secretario, precediendo a la sentencia que firmarán los vocales. Una copia del acuerdo y sentencia autorizados por el secretario, serán incorporados al libro respectivo.
Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de 5 días.

Art. 265. Providencias de trámites. Las providencias simples serán dictadas por el presidente. Si se pidiere revocatoria, decidirá el Tribunal sin lugar a recurso alguno.

Art. 266. Procesos sumarios. Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso sumario, se aplicarán las reglas establecidas precedentemente, con excepción de lo dispuesto en el art. 252 , inc. 4.

Art. 267. Apelación en relación. Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el Tribunal, si el expediente tuviere radicación de sala, resolverá inmediatamente. En caso contrario dictará la providencia de autos.
No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.
No será necesario proceder en la forma prescripta en el art. 263 pudiendo redactarse la sentencia en forma impersonal, sin perjuicio de que el vocal disidente emita su voto por separado. Si existiere acuerdo el Tribunal podrá fallar con dos de sus miembros.
Cuando la apelación se concediere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el art. 252 , inc. 1.

Art. 268. Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el Tribunal de oficio, o a petición de parte hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del art. 243 .
Si el recurso se hubiese concedido en relación debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 252 .

Art. 269. Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de 1º instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de 1º instancia.

Art. 270. Omisiones de la sentencia de 1º instancia. El Tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.

Art. 271. Costas y honorarios. Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el Tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.

Sección 4 - Queja por recurso denegado

Art. 272. Denegación de la apelación. Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
El plazo para interponer la queja será de 5 días, con la ampliación que corresponda por razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 155 .

Art. 273. Trámite. Al interponerse la queja deberá acompañarse copia simple de la resolución recurrida y de los recaudos necesarios suscriptos por el letrado patrocinante del recurrente, sin perjuicio de que la cámara requiera el expediente.
Presentada la queja en forma, la cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En este último caso, mandará tramitar el recurso.
Mientras la cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.

Art. 274. Objeción sobre el efecto del recurso. Las mismas reglas se observarán cuando se cuestionase el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.

Art. 275. Queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley. Cuando se dedujere queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley, se observarán las reglas establecidas en los arts. 272 y 273 pero no será obligatoria la presentación de las copias junto con la interposición de la queja. El Tribunal podrá exigir su presentación si lo estimare conveniente.

Capítulo V - Recursos extraordinarios

Sección 1 - Inaplicabilidad de ley

Art. 276. Admisibilidad. El recurso de inaplicabilidad de ley para ante la sala en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, solo será admisible contra la sentencia definitiva de las Cámaras de Apelaciones que violen o hagan errónea aplicación de la ley o la doctrina legal.

Art. 277. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Concepto de sentencia definitiva. Se entenderá por sentencia definitiva la que, aun recayendo sobre cuestión incidental, terminare en pleito o hiciere imposible su continuación.

Art. 278. Apoderados. Los apoderados no estarán obligados a interponer el recurso. Para deducirlo no necesitarán poder especial.

Art. 279. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Trámite. No se admitirá la agregación de documentos, ni se podrán ofrecer pruebas, o denunciar hechos nuevos.

Art. 280. (Texto según ley 8126, art. 1 ). Plazo y forma. El recurso se interpondrá por escrito ante la cámara que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de 8 días contados desde la notificación.
En el escrito en que se deduzca el recurso se señalará, en términos claros y precisos, cuál es la ley o doctrina violada o erróneamente aplicada y en qué consiste la violación o el error.
El recurrente, cuando el recurso se deduzca respecto de sentencia confirmatoria, acompañará constancia de haber depositado a disposición de la sala una cantidad equivalente al diez por ciento del valor del litigio, que no podrá ser inferior ni superior a los montos mínimos y máximos que respectivamente fije en forma actualizada el Superior Tribunal de Justicia.
Si el valor del pleito fuere indeterminado o insusceptible de apreciación pecuniaria, el depósito será el monto que fije el Superior Tribunal de Justicia.
No tendrán obligación de depositar quienes estén autorizados a litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Pupilar y los que intervengan por nombramiento de oficio o desempeño de cargo público.
La cantidad depositada se devolverá al recurrente si el recurso le fuera favorable. En caso contrario, la perderá a favor de la otra parte. En ambos supuestos será destinada a la Biblioteca del Poder Judicial si no es requerida por el interesado dentro del plazo de quince (15) días a partir de que quede firme la resolución correspondiente. Los montos fijados para el depósito se actualizarán automáticamente en forma semestral, a contar desde el primero de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, de conformidad con el aumento registrado en el índice de precios mayoristas no agropecuarios, según los informes que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A tal efecto, el Superior Tribunal de Justicia fijará y publicará en el Boletín Oficial el monto resultante por aplicación del reajuste legal. La actualización del monto mínimo para la admisión del recurso no será aplicable a los que, a la fecha en que el Superior Tribunal fije el reajuste respectivo hubieran sido ya interpuestos ante el Tribunal que dictó la sentencia, ni a las quejas por denegatoria a esa fecha ya presentadas ante el Superior Tribunal.

Art. 281. Concesión del recurso. Constitución de domicilio. La cámara examinará si concurren los requisitos formales del recurso, en cuyo caso lo concederá con efecto suspensivo.
Si la cámara no tuviere su asiento en la ciudad de Paraná las partes dentro del 3º día de concedido el recurso, constituirán domicilio en la capital. La parte que no cumpliere con dicho requisito quedará notificada por ministerio de la ley. Regirán en lo pertinente los días puestos en el art. 248 .

Art. 282. Memoriales. Recibido el expediente en la sala se dictará la providencia de autos. Las partes podrán, dentro de los 10 días comunes y siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar un memorial que se mandará agregar al expediente, y, sin más trámites, quedará la causa conclusa para definitiva.

Art. 283. Forma de la resolución. La decisión se tomará por el voto de la mayoría de los miembros de la sala, pudiendo adoptarse por acuerdo o redactarse en forma impersonal.

Art. 284. Sentencia. En la sentencia, que deberá dictarse en el plazo de 60 días, la sala decidirá si existe contradicción o error en los términos del art. 276 . Si así lo determinare, establecerá la ley o doctrina aplicable, y, cuando dejare sin efecto el fallo que motiva el recurso, pronunciará nueva sentencia con arreglo a la ley o doctrina cuya aplicación se declara.

Art. 285. Obligatoriedad del fallo. La interpretación establecida en la forma prescripta en el artículo anterior, será obligatoria para las cámaras y jueces de primera instancia, sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal.

Sección 2 - Inconstitucionalidad

Art. 286. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Art. 287. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Art. 288. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Art. 289. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Art. 290. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Art. 291. (Derogado por ley 8369, art. 63 ).

Título V - Modos anormales de terminación del proceso

Capítulo I - Desistimiento

Art. 292. Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.
Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

Art. 293. Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.

Art. 294. Revocación. El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.

Capítulo II - Allanamiento

Art. 295. Oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia.
El juez dictará sentencia conforme a derecho pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado.
Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el art. 158 .

Capítulo III - Transacción

Art. 296. Forma y trámites. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio.

Capítulo IV - Conciliación

Art. 297. Efectos. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia.

Capítulo V - Caducidad de la instancia

Art. 298. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia.
3. En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente.

Art. 299. Cómputos. Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento. Correrán durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez.

Art. 300. Litisconsorcio. El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficiará a los restantes.

Art. 301. Improcedencia. No se producirá la caducidad:
1. En los procedimientos de ejecución de sentencia.
2. En los procesos sucesorios, de concurso, y en general, en los voluntarios, salvo que en ellos se suscitare controversia.
3. Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal.

Art. 302. Contra quiénes se opera. La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Estas disposiciones no se aplicará a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio.

Art. 303. (Texto según ley 5370, art. 1 ). Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser también pedida en primera instancia, por el demandado; en los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria.

Art. 304. Modo de operarse. Informe del secretario. La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el art. 298 , pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. “El secretario deberá informar al juez o Tribunal sobre el transcurso de los plazos del art. 298 ”.

Art. 305. Resolución. La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En 2º o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio.

Art. 306. Efectos de la caducidad. La caducidad operada en 1º o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrían hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.
La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal.

 
 


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